San José.- Un total de 106 privados de libertad han sido trasladados al régimen semi institucional entre el 11 de marzo y el 7 de mayo del presente año, por tener factores de riesgo asociados al coronavirus Covid-19, como ser adultos mayores, diabéticos, hipertensos, mujeres embarazadas o con niños en lactancia, según informó el Ministerio de Justicia y Paz.
«Para tomar estas decisiones se están tomando en cuenta no solo factores médicos, sino también el riesgo de esta persona para sí mismo y para la sociedad», dijo la ministra de esta cartera, Fiorella Salazar.
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El régimen semi institucional brinda más flexibilidad a las personas que están cumpliendo una pena. A algunos se les permite estar unos días en la casa e ir a dormir a un centro y otros días en el recinto designado por Justicia.
Esta semana el Instituto Nacional de Criminología (INC) recibió 31 recomendaciones de presos con factores de riesgo vinculados al virus, para que sean llevados al régimen semi institucional. Las nuevas recomendaciones responden a una solicitud hecha los juzgados de Ejecución de la Pena.
La directora del INC, Jenny Umaña, comentó que los centros penitenciarios no tienen un plazo para efectuar las valoraciones técnicas y médicas.
“Los equipos no tienen un plazo para entrega de las valoraciones; mucho va a depender de su recurso humano.Queremos hacer un proceso muy cuidadoso porque existe una responsabilidad institucional con el país. Hay que tomar en cuenta que el personal médico no puede dedicarse solo a valoraciones; la atención médica no puede dejarse descubierta”, manifestó Umaña.
La decisión dependerá del INC, tomando en cuenta una serie de valoraciones técnicas en las áreas jurídica, psicología, trabajo social, orientación, educación, procesos interdisciplinarios, así como factores aportados por la propia Policía Penitenciaria.
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Entre los factores que deberá tomar el instituto están la posición de la persona en relación con el delito cometido, la disminución de riesgos de repetición de conductas delictivas, así como la evolución de su propio proceso introspectivo en relación con los delitos cometidos, en caso de que se autorice su movimiento temporal por 3 meses al régimen semi institucional.
También, se deberá comprobar que la persona tenga una casa y medios de supervivencia dignos durante este periodo.
“De momento no podemos hablar de movimientos porque ahora lo que le corresponde al Instituto es revisar todos los extremos de esas valoraciones extraordinarias. Hay que estar muy claros de que esas personas necesitan tener un soporte externo porque no podemos enviarlas a la indigencia. Además del deber de cumplimiento de las órdenes judiciales, nos asiste el compromiso con la sociedad de garantizar que las personas privadas de libertad que pasen temporalmente al nivel semi institucional representen el menor riesgo para la comisión de un nuevo delito”, detalló la jerarca de Justicia y Paz.
