La posición fue publicada por el periódico Hoy, que difunde declaraciones de José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Aseguradoras de Riesgos de Salud (ADARS).
Dice Vargas que una reunión pautada para el 23 de enero pasado no se realizó porque estaban fuera del país representantes de las ARS y de varios gremios de salud.
Esta semana el Colegio Médico Dominicano anunció la ruptura del dialogo con las ARS en el que se trata temas de códigos, honorarios médicos, glosas y otros. Se había iniciado a finales del año 2016.
En tanto que el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales expresó preocupación ante los anuncios sobre la posible adopción de acciones conflictivas que puedan afectar el acceso de los afiliados a los servicios de salud, y exhortó al Colegio Médico Dominicano, las Sociedades Médicas y a las Administradoras de Riesgos de Salud agrupadas en ADARS, a mantener abierto el dialogo.
“Queremos exhortar a ambas partes a mantener un diálogo productivo que pueda conducir a soluciones satisfactorias”, dijo el doctor Pedro Luis Castellanos, en una nota de prensa enviada por Sisalril a los medios de comunicación en la que se ofrece como mediador,
Precisó que la SISALRIL tiene la facultad de actuar como árbitro conciliador, en el marco de las atribuciones que los artículos 176 y 178 de la Ley 87-01 le asignan.
“Si ambas partes lo solicitan formalmente y manifiestan su interés de resolver mediante el diálogo sus diferencias y aspiraciones, la SISALRIL podría iniciar prontamente un proceso de conciliación y arbitraje, con la búsqueda conjunta de soluciones viables mutuamente convenientes, en el marco del respeto de los derechos de los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS).
Sostuvo que sería incomprensible que cualquier medida que genere conflictos, por alguna de las partes, independientemente de la justeza de sus aspiraciones, pueda traducirse en afectar los derechos de los pacientes afiliados al SFS, a una atención oportuna y de calidad, o pueda traducirse en cobros indebidos que afecten la economía familiar.
Expresó que “cuando un proveedor de servicios de salud se niega a prestar servicios a una persona afiliada que los necesita, o realiza cobros no autorizados, no está afectando a las ARS, puesto que su financiamiento se realiza de acuerdo con un per cápita mensual que se dispersa según el número de afiliados y no según los servicios pagados o dejados de pagar a los prestadores de servicios de salud”.
Agregó que “este tipo de acciones que afectan a los pacientes afiliados al SFS, no impactan en los ingresos de las ARS, mientras que si podrían traducirse en una disminución de sus egresos, y afectarían considerablemente a los pacientes afiliados”.
Reiteró que el SFS es “una importante conquista social, una política pública de gran trascendencia, que se ha traducido en beneficios significativos para la ciudadanía, así como para los prestadores de servicios de salud y para las aseguradoras, la cual todos debemos reconocer y defender”.
Dijo que el sistema es perfectible; “y estamos convencidos de que es el momento de actualizar el marco legal y de mejorar muchas de sus normativas y regulaciones, incluyendo el catálogo de prestaciones, las tarifas y honorarios de los prestadores de servicios de salud, las modalidades de pago, el cumplimiento de los contratos y un modelo de atención más integral y accesible”.
Subrayó que el mejor camino para avanzar en dichas reformas necesarias, es el diálogo productivo entre todas las partes.
Expresó que “el sistema de aseguramiento en salud ha de fundamentarse en balances y equilibrios que es necesario restablecer, desde la perspectiva del mejor beneficio de los afiliados, con las mejores condiciones posibles de contratación y pago para los prestadores, así como la sostenibilidad financiera del sistema”.
“Es necesario mantener un clima de diálogo y disposición a alcanzar entendimientos satisfactorios para no perjudicar los derechos de los afiliados y para trabajar juntos por las reformas necesarias en el Sistema de Seguridad Social” recalcó el funcionario; y reiteró que si ambas partes lo solicitan, la SISALRIL podría actuar como árbitro conciliador.
