Con tecnicismo, la Presidencia de la República intenta calmar la gente y empresas del sector: no se cargará a nadie, no supondrá mayor peso en la economía de la población. Mientras una entidad tira una mirada de lado: afectará a la gente.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, dijo que el proyecto de ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 no crea más impuestos a las telecomunicaciones ni ningún costo adicional para los usuarios.
Una nota de la Presidencia indica que el ministro explicó que el costo lo absorberá el mercado intermediario de las comunicaciones, el llamado wholesale o mayorista.
La nota explica que “un sector mayorista que obtiene actualmente beneficios en torno al 500% y tiene, por tanto, margen para absorber esa tasa”.
Establece que “esta ley deroga la anterior ley No. 140-13 y establece una nueva modalidad de financiamiento mediante una tasa que se aplicaría únicamente a las llamadas realizadas al país desde el extranjero”.
El periódico El Día se hace eco del rechazo de la aprobación congresional con Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Asodecu), entidad que observa que “el gravamen de 0.02 dólares estadounidenses, que deberá ser pagado por las prestadoras de servicios de telecomunicaciones instaladas en el país, pero que éstas se lo cargarían a los usuarios del sistema, se sumaría al ya elevadísimo pago que cada mes se le carga”.
Cita en esa carga un 18 % del ITEBIS, 10 % del Selectivo al Consumo y el 2% para el desarrollo de las telecomunicaciones.
Recuerda que las empresas de telecomunicaciones, (Claro, Tricom, Orange, Viva y Wind Telecom) también habían objetado el impuesto con advertencia de que viola acuerdos internacionales.
