El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, precisó que la Ley 87-01, en su artículo 122, prohíbe que las Administradoras de Riesgos de salud (ARS) sean propietarias, accionistas, o tengan intereses económicos directos e indirectos, en proveedoras de servicios de salud, como farmacias, clínicas y otros servicios.
El doctor Pedro Luis Castellanos, explicó que dicha ley también prohíbe que los propietarios o accionistas de proveedores de servicios de salud participen en las ARS, con la única excepción temporal de aquellas entidades del ramo que durante los últimos doce meses antes de la vigencia de la Ley eran propietarias de ese tipo de servicios, siempre que estos se mantuvieran activos.
Refirió que a esa excepción se acogieron el IDSS, SEMMA, y tres centros médicos privados que para la época tenían “igualas médicas”, cuando fueron habilitadas como ARS por la SISALRIL al inicio del Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud, en el año 2007.
“Esta excepción temporal, ya no está abierta. Ninguna ARS que no hubiera sido beneficiada por la misma en esa oportunidad podría, sin violentar el marco legal, asumir intereses en farmacias u otros proveedores. No debería haber ninguna confusión o mal entendido en este sentido”, sostuvo Castellanos.
Dijo que la SISALRIL estableció las disposiciones regulatorias, y se ha mantenido vigilante mediante sus procesos de seguimiento y control, para evitar cualquier intento de integración vertical.
En otro orden, el funcionario de salud valoró como muy positivo el interés y los esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud Pública para promover el acceso universal a medicamentos básicos a toda la población.
Dijo que “al igual que han hecho la mayoría de los países con instituciones respetables, República Dominicana necesita una política nacional que contribuya a ordenar el papel y responsabilidades del Estado y de los diversos sectores de la sociedad, alrededor de la idea de garantizar el acceso universal y evitar distorsiones en el mercado que puedan perjudicar tanto a la ciudadanía como a los mismos productores y distribuidores”.
Afirmó que los medicamentos son un componente esencial de la atención integral de los problemas de salud de la población. “En nuestro país, la importación, producción, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos, conforma un sistema complejo, con diversos intereses no siempre coincidentes”.
La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) recordó ayer a los farmacéuticos y a la industria de ese sector que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso de la población a medicamentos seguros y de calidad.
La doctora Karina Mena, directora de Digemaps dependencia del Ministerio de Salud Pública, organismo regulador, reaccionó sorprendida a las reacciones de la industria farmacéutica y de la Unión de Farmacias, quienes piden la intervención del presidente Danilo Medina.
Dijo que al día de hoy lo que debería haber por parte de la industria y el sector farmacéutico es una retroalimentación a un documento que fue diseñado para la discusión con todos los sectores.
Mena se refirió a la posición y preocupación de la Unión de Farmacias y de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Arapf), cuyos representantes pidieron la intervención del presidente Danilo Medina ante el posible plan de una política farmacéutica.
“Desde el Estado lo que se hizo fue buscar asistencia técnica y por eso el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofreció apoyo para el plan maestro de la política farmacéutica nacional. Se busca armonizar una acción nacional y por eso se buscó la opinión de todos los sectores que intervienen”, aseguró Mena.
Indicó que desde el Estado se busca garantizar medicamentos seguros y eficaces a la población y por eso se buscó asistencia técnica.
Explicó que para eso se hizo un levantamiento general de la problemática, se tomó en cuenta al sector privado, a la industria, a los importadores, los suplidores del Estado, la academia, al gremio y a todos los que interactúan en el tema.
“Ese es el gran objetivo de la política farmacéutica nacional, se hizo un gran taller para validar y ahora se busca la alternativa al problema. Existe una propuesta que es la que está llamada a socializarse”, dijo Mena, tras señalar que no entiende la reacción del sector.
Las farmacias consideran que se busca favorecer a las Administradoras de Riesgos de Salud del país.
Enfoque de Diario Libre
Ese periódico asegura que los intereses económicos que rodean el mundo farmacéutico es la razón del enfrentamiento que mantienen la industria nacional y los comerciantes del sector con la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), del Ministerio de Salud Pública, y que es fruto del Plan Maestro de Política Farmacéutica Nacional.
