En este artículo, el doctor Rafael Montero, trae a colación el debate subsistido entre los congresistas, las autoridades de salud y los industriales sobre el incremento de impuestos en las bebidas azucaradas.
La última semana se ha producido un intenso debate a propósito del proyecto de Ley que propone un impuesto del 20% a las bebidas gaseosas, polémica que llega al país después de haberse producido en varios países de la región y del mundo.
Sin duda que los temas impositivos siempre generan una oposición de parte de la población, que es a quien les toca pagarlo, así como de los empresarios que siempre ven como un riesgo de la disminución de sus ventas y los gobiernos que siempre necesitan de más recursos para satisfacer las demandas de la sociedad.
El aumento de los impuestos a las bebidas gaseosas se ha estado promoviendo como una política acordada por los países en el seno de la Organización Mundial de la Salud (OMS), visto que se ha observado en todo el mundo, un aumento de la mortalidad a causa de enfermedades crónicas: diabetes e hipertensión, y que se asocian a los estilos de vida y en especial al aumento del consumo de las bebidas azucaradas.
Países como México, Chile, Colombia, Estados Unidos, Barbados, Bélgica, Finlandia, Francia, entre otros, han aplicado el aumento del impuesto a las bebidas gaseosas en un intento de desestimular su consumo.
En algunos de estos países, el aumento del impuesto se ha especializado para el sector salud. En otros países los impuestos han sido aplicados a otros productos como aquellos de alto contenido de sal y condimentos.
El pasado año, la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) enfocó el Día Mundial de la Salud en la reducción de la diabetes, enfermedad que afecta al 10% de los dominicanos.
Las estadísticas del organismo rector de la salud universal indican que en Las Américas, el número de personas con diabetes se ha triplicado en las últimas tres décadas, al pasar de 18 millones en 1980 a aproximadamente 62 millones en 2014. Ese incremento ha sido paralelo al aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad y que si continúan las tendencias actuales, el número de personas con diabetes en la región superará los 100 millones en 2040.
Como en todo debate, de un lado se ubican salubristas, médicos, investigadores y sociedades científicas que argumentan, respaldados en estudios, que estas bebidas proporcionan calorías vacías, sin valor nutricional y que se acumulan en forma de grasa.
En la otra, están los fabricantes de estos productos y otras organizaciones, que controvierten estas posturas, también con argumentos que insisten en que el aporte de las bebidas azucaradas a esta epidemia es, en realidad, marginal.
Las evidencias científicas publicadas por el “British Medical Journal”, demuestran que la ingesta diaria de bebidas azucaradas eleva en 13 por ciento el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en un plazo de 10 años, con lo que se concluye que este tipo de bebidas pueden desencadenar este mal crónico por sí solas.
Este resultado ha sido ratificado por otras investigaciones, entre las que se encuentra una de diciembre del 2015, publicada en ‘The Journal of Nutrition’, que elevó este riesgo a más del 15 por ciento.
En nuestro país, estudios como la ENDESA-2013, hacen referencia a un aumento de la obesidad, y el último estudio patrocinado por la Sociedad Dominicana de Cardiología 2017, hace referencia a que un 32 por ciento de los encuestados eran hipertensos.
La polémica suscitada no es exclusiva de nuestro país. En todos los países donde se ha producido el aumento a las gaseosas se ha producido lo que actualmente estamos viviendo aquí, con la diferencia de que han sido los grupos de las sociedades científicas y de salubristas los que han llevado la bandera de la defensa de la necesidad de grabar con más impuestos el consumo de estas bebidas. Lo que aquí observamos es que, el enfoque que se le está dando es más, de que el gobierno tiene interés en recaudar más impuestos que proteger la salud de la población.
Sería oportuno que en el marco del debate se haga énfasis en la necesidad de que no es suficiente solo el aumento de los impuestos como medida para reducir el consumo, sino que debe de ir acompañada de otras medidas que promuevan el cambio de hábitos en los estilos de vida de la población y ahí tienen que jugar un rol importante las instituciones de educación en todos los niveles, inicial, media, básica y universitaria.
Así mismo, me permito proponer, que este nuevo impuesto sea especializado para el sector salud, para destinarlo al aumento de la inversión en acciones y políticas de promoción y prevención para la salud promoviendo la modificación de los hábitos y estilos de vida.
Por Rafael Montero, coordinador de la cátedra de epidemiologia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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