La Superintendencia de Seguros, como entidad liquidadora de Seguros Constitución, vendió tres inmuebles propiedad de la clausurada empresa a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
En las operaciones se involucran un monto de 132 millones 246 mil pesos, que fueron pagados en su totalidad por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
La firma de los acuerdos de ventas estuvo encabezada por Euclides Gutiérrez Félix, Superintendente de Seguros y Pedro Luis Castellanos, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales.
Los inmuebles vendidos están ubicados en la calle Seminario del sector de Piantini en Santo Domingo, donde tenía su sede principal Seguros Constitución, con una extensión de 813,36 metros cuadrados, así como otro inmueble cercano a la sede llamada la “casona” de 795 metros cuadrados con un solar adyacente de 204.62 metros cuadrados.
Además de los superintendentes de ambas entidades, en el acto de la firma estuvieron presentes por la SISALRIL, Francisco Aristy, consultor jurídico; Rafael Pérez Sang, director Administrativo-Financiero; y Raysa Betances, asesora técnica.
Por la parte de la Superintendencia de Seguros, Haylei Olivo Bordas, encargado del Departamento de Liquidación de Compañías; Juliana Pérez, directora financiera y la doctora Luz María Duquela, abogada.
El superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix valoró la adquisición de los inmuebles a una entidad del gobierno, para evitar especulación y realizar todo el proceso como se ha caracterizado desde su inicio con transparencia total.
Dijo que en todos los procesos de liquidación de las compañías de seguros, ha dado preferencia a entidades gubernamentales para que sea el mismo estado que se beneficie con la adquisición de los inmuebles, especialmente aquellas que no tienen sedes propias.
Reveló que los inmuebles vendidos tienen hipotecas con entidades financieras, por lo que se honraran esos compromisos y el dinero restante será utilizado para saldar las deudas de Seguros Constitución con empresas, talleres y personas particulares, que estén debida y legalmente comprobadas, como lo establece la Ley 146-02 Sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana.
