Denver, Colorado. La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) y decenas de organizaciones de la sociedad civil interpelaron al Estado dominicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en demanda de una tutela efectiva del derecho a la salud y a la seguridad social.
La audiencia se realizó en el marco del 169 periodo de sesiones de la CIDH celebrado en la Universidad de Boulder, Denver, Colorado, donde el Estado dominicano fue representado por Chanel Rosa Chupany, director del Servicio Nacional de Salud (SNS) y la doctora Rhadis Abreu, embajadora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).
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La sociedad civil estuvo representada por los doctores Bartolomé Pujal y Genaro Rincón y por Nicomedes Castro y Rosanna Marzan, activistas de los movimientos sociales de derechos humanos.
Los representantes de la sociedad civil denunciaron la ausencia de una tutela efectiva del derecho a la salud y la seguridad social de parte del Estado dominicano, lo que a su juicio explica la alta mortalidad materna e infantil, especialmente neonatal, factores asociados a la insuficiencia presupuestaria y la falta de gerencia y de calidad en los gastos y servicios de salud y seguridad social.
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De igual forma, citan la permisividad del Estado con las élites económicas que controlan las ARS, las clínicas y los laboratorios clínicos y farmacéuticos, por lo que demandaron que el Estado ratifique el Protocolo de San Salvador y asuma su responsabilidad de ejercer una tutela efectiva del derecho a la salud, para lo cual se hace imperativo adoptar medidas para controlar los límites de quienes intentan imponer el derecho a hacer negocios por encima de los derechos fundamentales de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.
Rosa Chupany destacó los esfuerzos que realiza el Estado para reducir la mortalidad materna e infantil y superar la crisis que vive la salud pública en el país, señalando que aunque el presupuesto de salud no es mayor del 2% del PIB, el gasto nacional de salud ronda el 7%, y el monto global se ha triplicado en los últimos 10 años.
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También indicó que el país tiene una presión tributaria muy baja, de alrededor del 15% del PIB, por lo que se hace muy difícil incrementar el presupuesto del gasto social sin antes mejorar los ingresos fiscales de la administración.
Las comisionados de la CIDH escucharon a los intervinientes en la audiencia temática, felicitaron al Estado y a la sociedad civil por dialogar y concurrir a dicha comisión a compartir sus posiciones sobre la situación de los derechos a la salud y la seguridad social e hicieron preguntas y comentarios desde una perspectiva de derechos, con base en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales (DESCA) suscritos por el país.
Solicitaron a la comisionada de los DESCA CIDH realizar una visita al país, informarse a profundidad de los problemas que afectan al ejercicio del derecho a la salud y la seguridad social para que pueda hacer recomendaciones al Estado y mejorar las garantías sociales del derecho a la salud que tienen los dominicanos.
