ARS, laboratorios y distribuidores involucrados en venta desleal de medicamentos

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 pacientesocnocl.jpegLa práctica se desarrolla en la venta de medicamentos destinados a enfermedades oncológicas. Varias ARS se dedican a recomendar a los pacientes compras de medicamentos de forma directa en las empresas distribuidoras de los mismos o en los laboratorios farmacéuticos, en violación a la legislación de salud que impide esa práctica.

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En las operaciones se involucran laboratorios nacionales y extranjeros, así como distribuidores, locales, y perjudica la rentabilidad de los centros privados especializados en tratamientos de cáncer.

Un ejemplo: un fármaco muy efectivo para terapia en cáncer de próstata, cuyo costo es de 240 mil pesos, es recomendado para adquisición directa por 160 mil.

La distorsión que envuelve las indicaciones médicas que requieren quimioterapia, ha provocado la queja y cruce de argumentos entre los centros médicos especializados en manejo integral oncológico, en total unos 8 establecidos en el país.

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La idea de las ARS es saltar el mecanismo establecido en la ley para obtener más márgenes de beneficios, con el argumento de que los fármacos pueden adquirirse a menor costo.

Los centros oncológicos entienden que si se pueden adquirir a menor costo debería ser para todos los pacientes.

La práctica constituye una competencia desleal para los centros oncológicos y una distorsión que podría afectar a los pacientes.

Esto así, porque las farmacéuticas promueven sus medicamentos y soluciones terapéuticas entre los médicos especializados y centros oncológicos, pero a sus espaldas saltan el canal de llegar a los pacientes y comercializan los fármacos de forma directa con los pacientes o a través de los laboratorios.

Asimismo, se podría causar daño a la salud de los pacientes, debido a que la prescripción del médico puede ser variada para favorecer determinado medicamento, lo que resultaría en resultados terapéuticos no planificados por el especialista tratante y el centro especializado.

Resumen de Salud tiene en su poder documentación sobre la situación que involucra a centros oncológicos privados, laboratorios farmacéuticos nacionales y multinacionales, así como empresas distribuidoras de medicamentos.