El Seguro Nacional de Salud (Senasa), afirmó que el traspaso de los empleados públicos a la ARS estatal es legal, conforme al artículo 31 de la Ley 87-01, que establece que la institución tendrá a su cargo a todos los empleados de las instituciones públicas, autónomas o descentralizadas y a sus la familiares directos.
Aseguró que no existen impedimentos jurídicos ni la ilegalidad argumentados por la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS).
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La doctora Mercedes Rodríguez Silver, directora de Senasa, explicó que el principio de libre elección no es violado con el traspaso de los empleados públicos a la ARS pública, ya que su alcance está limitado por la propia Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y que dispone la afiliación de los empleados públicos a dicha institución.
“El traspaso de los empleados públicos a Senasa tampoco es inconstitucional, ya que el alcance del artículo 39 de la Constitución sobre el derecho a la igualdad se cumple, al permitir a todos los empleados del sector privado elegir su Administradora de Riesgos de Salud y a los Prestadores de Servicios de Salud”, explicó la doctora Rodríguez Silver.
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Sostuvo que tanto la sentencia 61-2012 de la Suprema Corte de Justicia como la 0573-2018 del Tribunal Constitucional afirman que el artículo 31 de la Ley 87-01 es constitucional, agregó la funcionaria.
El traspaso de los empleados públicos a Senasa se realizará bajo los lineamientos que establezca la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), de manera paulatina y sin vulnerar los derechos de los afiliados.
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Dijo que Senasa cuenta con la capacidad para garantizar servicios de calidad a sus afiliados, exhibiendo altos estándares de calidad en la gestión y siendo la ARS pública, la única en contar con certificación de calidad internacional ISO 9001:2015, así como el reconocimiento en Iberoamérica con medalla de plata en el Premio Iberoamericano a la calidad.
La segunda semana de este mes, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el recurso de amparo incoado por seis Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que se oponen a que los empleados públicos, autónomos y descentralizados sean afiliados al Senasa.
