Trabajadores exigen sustraerse de recortes del plan fiscal.
Los Tribunales de Justicia tendrán que resolver si los pluses salariales que hoy reciben los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, son legales o no.
Luego de una semana de huelga, el Gobierno y los sindicatos de esa institución llegaron a un acuerdo el lunes, para poner fin al movimiento de protesta que afectó a los asegurados.
Los trabajadores exigían a Román Macaya, presidente de la Caja, que cumpliera con un acuerdo para sustraer a la Caja de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la cual, establece una regla fiscal en cuanto al aumento del gasto de la institución y varios recortes a los incentivos salariales.
Un 5,5% de anualidad, un sobresueldo de 22% de carrera hospitalaria y un 17% de bono para los médicos, son algunos de los incentivos que protegían los funcionarios de la Caja con la protesta.
Además, se incluye un 15% de complemento para los auxiliares de enfermería, entre otros.
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«Después de muchos días complejos y largos de negociación, se llegó a un acuerdo que le devuelve la paz a la institución, la estabilidad al país y la atención a los pacientes; nos alegra mucho que ya los hospitales y las clínicas operarán con normalidad», dijo Román Macaya, presidente de la Caja.
En ese sentido, la Caja solicitará ante los Tribunales una declaración de lesividad que permita la nulidad del acuerdo suscrito en febrero, la dirigencia sindical presentará las impugnaciones que considere pertinentes y un juez determinará cuál de las partes tiene la razón.
Anteriormente, el presidente Carlos Alvarado señaló que la ley se hizo para cumplirla, en referencia a la ley fiscal.
El acuerdo se da a pocas semanas que los diputados aprueben la ley que prohíbe las huelgas en los servicios públicos esenciales.
