San José.- La Colectiva por el Derecho a Decidir anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que consideran la norma técnica firmada no regula todos los alcances del aborto terapéutico.
El Ministerio de Salud elaboró el texto de esta norma técnica que fue enviado el martes a consulta obligatoria y no vinculante a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Este jueves, la CCSS avaló de forma unánime la propuesta y el presidente de la República, Carlos Alvarado, la firmó ayer mismo.
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De acuerdo con el grupo feminista, «esta norma implica un fuerte desbalance de poder del Estado y el estamento médico sobre las mujeres. Además, tomando en cuenta la realidad de los servicios de salud en el país, la norma obstaculizará el acceso al procedimiento para las gestantes en zonas rurales, donde será poco factible reunir a una tríada médica que se pronuncie sobre cada caso, por lo que los tiempos y los costos emocionales y económicos de cada solicitante podrían extenderse más allá de lo previsto en la norma».
Se refieren específicamente al epígrafe 7.4 que establece que «la Dirección General del establecimiento de salud nombrará, previa consulta sobre la objeción de conciencia, a dos personas profesionales en medicina con especialidad en ginecobstetricia y a una persona profesional en medicina».
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Este movimiento también tiene dudas respecto a la aplicación del procedimiento en menores de edad, ya que especifica que se tendrá en cuenta «el interés superior del niño» pero no aclaran cómo lo garantizarán.
Hicieron fuertes críticas a la objeción de conciencia pues, de acuerdo con estas, «posibilitará a quienes estén en desacuerdo con la interrupción del embarazo, acogerse a ella para no practicarla, a la vez que establece como responsabilidad de los centros de salud la creación del procedimiento para actuar ante las objeciones de conciencia, de forma que no se impida el procedimiento».
«La norma técnica es el deplorable resultado de esta negociación de un acuerdo amistoso con el Estado costarricense ante la CIDH, donde ha imperado la falta de voluntad política de las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, así como su interpretación electoral del derecho a la salud de las mujeres, para emitir una norma que como afirma la propaganda gubernamental, no modifica la legislación actual ni le aporta nada, porque tampoco reglamenta el acceso al aborto terapéutico», concluyen.
