Santo Domingo.-Recientemente se han presentado situaciones dramáticas de violencia y abuso sexual contra niños en el país.
Es por ello que el Sistema de las Naciones Unidas condenó de manera enfática, estos casos de violencia contra la infancia y llamó a aumentar su protección en los diversos ámbitos.
En ese sentido, recordó que es necesario, no solo juzgar el hecho en sí mismo, sino también analizar las causas y señalar la responsabilidad de los diversos actores del Estado y de la sociedad, en la protección de la niñez.
Recordó que los Estados, los que están obligados a hacer cumplir los derechos humanos, siendo así los principales responsables por garantizar la integridad de los niños y adolescentes y tomar todas las medidas necesarias “hasta el máximo de los recursos de que dispongan”, para proteger esa integridad, como señala la Convención sobre los Derechos del Niño.
Aseguró que corresponde al Congreso Nacional, tomar “todas las medidas legislativas” tendientes a proteger a la infancia.
Dijo que en varias oportunidades se ha abordado públicamente la necesidad de prohibir legalmente el matrimonio infantil en el país, estando pendiente la aprobación de dicha disposición. El matrimonio infantil y las uniones tempranas son una de las principales fuentes de violencia contra las niñas.
Asimismo, corresponde al Poder Judicial perseguir a los hombres adultos casados con menores de edad, que están cometiendo un delito de abuso sexual, aunque vivan en pareja.
También exhortó al Estado dominicano a asignar todos los recursos necesarios, tanto presupuestarios como técnicos e institucionales para que el sistema de protección de la infancia pueda cumplir la finalidad para la que fue creado.
Esta responsabilidad incluye rechazar enfáticamente la tolerancia a las prácticas sociales que justifican o encubren la violencia, como el abuso infantil disfrazado de “relaciones de pareja entre hombres adultos y niñas y adolescentes”, que es ampliamente permitido en el país, así como la incesante violencia contra la infancia y la adolescencia.
En tercer lugar, corresponde a las familias y no solo a la madre, la protección de los niños y adolescentes, aun cuando los padres no vivan juntos. Las obligaciones específicas del padre deben ser cumplidas.
Enfatizó que las uniones tempranas de niñas, la mayoría con hombres adultos, las exponen al abuso sexual, limitan sus posibilidades de desarrollo al convertirlas en madres tempranamente y las lleva, en muchos casos, al abandono, reproduciendo el ciclo de la pobreza y de la violencia, tal como se ha visto en casos recientes.
Aseguró que la violencia contra los niños no es un asunto privado, y es necesario denunciarla y llevarla a la atención pública. Los medios de comunicación son muy eficaces al momento de cuestionar actitudes que condenan la violencia, y de fomentar conductas y prácticas de protección.
Reiteró que su compromiso de seguir apoyando todos los esfuerzos del Estado y de la sociedad para el cumplimiento de estos derechos.
