Distrito Nacional.
14 de marzo del año 2016.
Por: Roberto Lafontaine.
En este artículo el doctor Lafontaine crítica tilda de medida extrema la falta de consideración de parte de las autoridades del Colegio Médico Dominicano, ante la situación del virus del zika afecta un gran número de pacientes en diversos puntos del país.
Avanza la enfermedad del zika y con ello aumenta la angustia de la población por la incertidumbre de la posibilidad de ser víctimas de la enfermedad y su complicación asociada. Paralelamente, se endurece la estrategia trazada por los dirigentes del Colegio Médico Dominicano, al convocar tres días de paro de labores con el objetivo de vencer la resistencia del gobierno para dar respuesta a las demandas financieras de los médicos que laboran en los hospitales públicos centralizados del país.
Dichas demandas están hechas sobre la base de que el factor fundamental de la crisis de los servicios sanitarios es la baja inversión financiera en los recursos, minimizando tanto el factor producción de servicios de salud, al extremo de sacarlo del pliego de las reivindicaciones sometido al ejecutivo al finalizar la marcha realizada al Palacio Nacional.
No está demás señalar la imposibilidad de dar respuesta a las aspiraciones económicas de los dirigentes gremiales en una primera aproximación a las autoridades del Ministerio de Salud, por lo que el llamado a paro es una medida extrema, por no mediar tiempo suficiente para la concertación entre las partes y por los daños directos financieros producidos a los hospitales y los daños colaterales, no tomados en cuenta por los colegiados, ocasionados a los pacientes que fueron en procura de los servicios de salud que necesitaban.
Para tener una idea del deterioro financiero ocasionado por los tres días de huelga, se puede partir del criterio de que en un hospital tradicional como el Padre Billini o el infantil Dr. Robert Read Cabral el Estado invierte entre 1.3 y 1.7 millones de pesos por día para mantener la capacidad de producir servicios de salud, la paralización de los servicios en consulta externa y hospitalización genera pérdidas entre $650,000.00 y $850,000.00 pesos diario, lo que significa entre $1, 950,000 y $2, 550,000 pesos en tres días de paro médico.
A lo anterior se le agrega, que la capacidad de autogestión desarrollada por los centros tradicionales para vender servicios de salud a los pacientes financiados por la seguridad social, le asegura al hospital recursos financieros frescos que excede como mínimo en una tercera parte a los recursos financieros provenientes del presupuesto de la nación, por lo que la no producción en las 72 horas de paro médico de seguro aumentará las dificultades financieras de estas instituciones.
Para hacer una aproximación al impacto en la salud de los usuarios que puede ocasionar tres días de huelga médica a la producción de los servicios sanitarios en los hospitales públicos, se debe tener bien claro que la misión de los mismos se circunscribe al restablecimiento de la salud a los pacientes que la han perdido y tienen por expectativas recuperarla. Y que para lograr esto se deben hacer coincidir una miríada de recursos, médicos entre ellos, en forma de bienes y servicios en las unidades productivas estructuradas en el consultorio de la consulta externa, en el cubículo de la emergencia o en la cama de hospitalización, para que estén disponibles en el horario ofertado a los usuarios que los demanden.
Pues bien, la producción de servicios de salud con mínimo riesgo para los usuarios, se ve obstaculizada por el choque de dos enfoques, entre el Estado, que tiene la responsabilidad de proveer las condiciones para una atención segura al usuario que la demande y el cuerpo médico de los hospitales que, por una distorsión estructural, controla dicho proceso de producción de servicios de salud, por lo que está sujeto a su discrecionalidad y conveniencia cuando inicia la jornada de producción, que tiempo dura, cuantos días a la semana, con cuáles criterios de calidad debe trabajar, para mencionar algunos de los elementos a tomar en cuenta.
No se debe obviar que la atención de la salud, como toda actividad humana, tiene riegos que son inherentes a la misma, estos deben ser previstos para disminuir la posibilidad de ocasionar un daño a la persona que va a un centro médico con la expectativa de recuperarla. En países con alto nivel de desarrollo decenas de millones de personas sufren lesiones o mueren a consecuencia de la exposición a riesgos. Actualmente se estima que uno de cada diez pacientes hospitalizado sufrirá un incidente que le ocasionará un daño, que más de un millón de personas sufre de una infección contraída en el hospital.
El costo económico añadido al sector salud debido a los daños ocasionados por los efectos adversos se calcula que pasa de miles de millones de dólares al año y se cuentan por millones las personas que pululan por el mundo con un daño físico y moral, con incapacidad laboral por lesiones temporales o permanentes o que han fallecido a causa de lesiones producidas por los riesgos de la atención sanitaria. No en balde, la seguridad en la atención sanitaria es considerada un problema de salud pública mundial.
El Estudio IBEAS, prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica, realizado en cinco países de América Latina, en el que se tomaron en cuenta 11,555 pacientes, confirma estas estadísticas para la región. Se destaca el predominio de las infecciones entre los efectos adversos, además, del diagnostico erróneo y el diagnostico tardío por su impacto en la salud; y las lesiones en los órganos y las hemorragias producto de las intervenciones médicas. Lo lamentable es que más de la mitad de los incidentes que provocan esta estela de daño se pueden evitar.
El enfoque discrecional a favor de quien controla la producción del servicio sanitario, el cuerpo médico hospitalario, es ajeno a la articulación de los procesos para la producción del servicio per se, la calidad de la producción y mucho menos toma en cuenta los riesgos envuelto en esta actividad, pues, no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Por esta razón los servicios que se les brinda a la población no son seguros, y aunque este aspecto no ha sido investigado en nuestro país no podemos evadir los indicadores de mortalidad materna e infantil, donde juega un papel importante la mortalidad evitable en el hospital. Cabe recordar los elevados indicadores de mortalidad, en relación a otros países de región, en el manejo de la epidemia del cólera y más recientemente en los brotes de dengue.
Los dirigentes médicos, al demandar del gobierno un aumento del financiamiento al recurso humano, tan bien han hecho una propuesta a la sociedad para que los apoye y acompañe en su lucha. Pero, al retirar del pliego de demanda inicial el aspecto de la mejoría de los servicios de salud evaden los niveles de responsabilidad que tienen por el mal funcionamiento de los mismos y, a la vez, tratan de imponer el pago más caro sin compromiso de integrarse al cambio de un servicio de salud inseguro y malo.
Sea como demanda al gobierno o como propuesta a la sociedad y, por qué no, o como una imposición general en función de su fortaleza, controlar la producción de los servicios de salud en los hospitales tradicionales; la aspiración de los dirigentes médicos podrá ser justa, pero, a la vez, no deja de ser una pretensión indecente.
