El periódico El Caribe señala que los titulares del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Silsaril), la Tesorería de la Seguridad Social, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA) y la Superintendencia de Pensiones, coincidieron en que además de la reforma, precisan de más recursos y autonomía para desempeñar con éxito sus funciones en aras de alcanzar al 28% de la población que aún no está afiliada y no cuenta con protección social.
Sin embargo, la que expresó con mayor contundencia los retos que prevalecen en el sistema, fue la directora de la DIDA, órgano a donde van a parar las quejas de los afiliados que impotentes sufren la denegación de derechos consagrados en la legislación.
Según Nélsida Marmolejos, esa situación les ha obligado a requerir de más personal de seguridad en sus instalaciones, las que asegura, resultan pequeñas para tramitar las miles de quejas y solicitudes que llegan a diario.
Dijo que la DIDA ya no aguanta más las precariedades físicas y de personal que obligan a atender a los afiliados en condiciones denigrantes, por contar con un presupuesto de apenas RD$189 millones anuales.
Agregó que de continuar la situación, el próximo año habrán desaparecido más del 50% de las oficinas en donde ofrecen sus servicios y las actividades de supervisión y asesoría que brindan.
“Nos afecta que se continúen los cobros indebidos para ingreso, a pesar de tener su carnet de afiliación a una administradora de riesgos de salud; que no hayamos establecido un procedimiento que además de lo que establece la Constitución y las leyes, impidan el secuestro de pacientes y cadáveres en las clínicas del país; negaciones reiteradas de coberturas de procedimientos establecidos en los catálogos de prestaciones tanto de salud como de medicamentos”, sostuvo.
Se quejó de la existencia de un Contrato Póliza en el Sistema, “negador de los principios y beneficios que la ley otorga a los afiliados en la seguridad social, así como la negación de pensiones en Riesgos Laborales por la clasificación y procedimientos utilizados en la evaluación de la discapacidad y los reducidos montos que otorga ese seguro.
Criticó la existencia de un sistema de cotización no compatible, con la realidad económica del país, así como el no reconocimiento al derecho al Seguro Familiar de Salud que deben disfrutar los pensionados y jubilados de la administración pública; la desprotección del empleado público “en un sistema de pensiones obsoleto que sólo ha sido modificado en la recaudación pero no en la otorgación de beneficios”.
Dijo que con la propuesta de modificación de la ley 87-01 se corregirían distorsiones creadas por intereses económicos en desmedro del patrimonio futuro de los cotizantes y habría más cobertura para la población en procura de la universalización y equidad en beneficio de los afiliados.
El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, abogó por la puesta en marcha de la Atención Primaria, tanto en los hospitales públicos como en las clínicas privadas, la revisión del catálogo de prestaciones para introducir nuevos procedimientos, repensar la forma de pago de los dos sistemas de aseguramiento a los prestadores, así como la agilización de los procesos de decisión de los órganos rectores.
El ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, insistió en la necesidad de aprobar el proyecto de reforma de la ley 87-01 presentado por el Gobierno, el cual contempla la eliminación del régimen contributivo subsidiado, el que asegura ha dificultado la incorporación de los trabajadores por cuenta propia o del sector informal que en dieciséis años no han podido ingresar al sistema.
Fadul dijo que uno de los mecanismos para lograr afiliar a ese 28% que todavía está fuera, cuya exclusión representa un alto costo fiscal, es dejando únicamente los regímenes contributivo y el subsidiado, para que los que puedan pagar entren al contributivo y los que no, vayan al subsidiado.
El tesorero de la Seguridad Social, Henry Sadhalá, mostró cifras de cómo han aumentado las recaudaciones y requirió de una reforma que dote de personería jurídica, autonomía presupuestaria y capacidad sancionatoria a esa institución.
Sadhalá reveló que las deudas acumuladas a abril del 2017 por parte de 20,037 empleadores morosos era de RD$7,834 millones, que al aplicársele el recargo de un 5%, se incrementó de manera exorbitante a RD$106 mil millones, razón por la que muchas empresas prefieren retirarse del Sistema dejando a sus empleados desprotegidos.
