A pesar del deterioro, por la falta de dinero, equipos médicos e insumos, los 23 hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) se mantienen brindando servicios a la espera de ser incorporados a la red de hospitales públicos, como parte de la reforma del sector salud que se mantiene en papeles.
Son las consideraciones del periódico Diario Libre en un amplio reportaje publicado este martes.
Dice que e
n julio del pasado año se aprobó la Ley 123-15, para viabilizar la red pública, pero la lucha de intereses y la poca firmeza de las autoridades competentes lo impide.
A finales del 2015 se informó que para enero de este año se iba a dar la unificación, pero no ocurrió, y ahora el director del Servicio Nacional de Salud (SNS) informa que será a finales de abril próximo.
La razón es la espera de los resultados de una auditoría financiada por el Ministerio de Salud Pública, para determinar los activos y pasivos con que cuenta el IDSS.
De forma extraoficial, se informó que el sector sindical, que es parte del Consejo Directivo del IDSS, junto al empresariado y el Gobierno, presionó para que no se realice el traspaso en el mes previsto, porque ellos manejan el 50% de la empleomanía, lo que los coloca en una situación de superioridad.
Para Arismendi Díaz Santana, economista y experto en seguridad social, es evidente que una minoría siempre se ha beneficiado del IDSS, incluyendo los sindicalistas, que por eso se oponen al cambio.
Una fuente confiable dijo que Alvarado solicitó en diciembre pasado la nómina de empleados para hacer el traslado al SNS, pero no se la entregaron.
Muchos empleados contratados por la Prestadora de Servicios de Salud (PSS) del IDSS tiene retrasos en el cobro, y se atribuye a que están haciendo una depuración, porque Alvarado habría advertido que a más tardar en julio deben entregarle la relación de empleados.
Mientras tanto, se obvia que el IDSS es importante por la cadena hospitalaria y los recursos humanos que tiene, que, puesta en condiciones, lo colocan al más alto nivel de competencia con las clínicas privadas.
La Ley 123-15 manda a conformar una comisión constituida por representantes del SNS y del IDSS, para que se encarguen del diseño e implementación del plan de integración de la red.
Esa comisión es gubernamental y la integran Alvarado, director del SNS, y Sabino Báez, del IDSS.
Por cuestiones de salud, Báez designó a Mayra Pérez Reynoso, directora ejecutiva de la PSS, para que lo represente.
