Santo Domingo.- La Coalición por la Seguridad Social Digna realizó una movilización en 100 esquinas del Gran Santo Domingo para exigir una auténtica transformación en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que denuncian que nació secuestrado para responder a los intereses y negocios de los grupos que controlan a las AFP y las ARS.
La toma de 100 esquinas ocurrió según su balance de Este a Oeste del país, en todas las provincias y el Gran Santo Domingo, e inclusive en la ciudad de Nueva York.
Consideran que el actual modelo de Seguridad Social deja las pensiones y la salud como meras mercancías lo cual condenan a la ciudadanía a la inseguridad y desprotección.
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Según la Coalición, es la garantía de que se recuperen sus derechos, «y esta vez ya no hay reversa, ya que la gente se encuentra indignada ante la negación de los derechos, la privatización y corrupción del actual sistema de seguros de pensiones y salud, y saben cuál es la causa y qué hay que transformar».
La Coalición, integrada por más de 40 organizaciones nacionales, asociaciones, federaciones, juntas de vecinos y además sus propias asambleas y comités provinciales y municipales, aseguró que «queda demostrado que el pueblo ya ha despertado y está muy claro en las verdades de 20 años de la Ley 87-01, que funciona como un fabuloso negocio y somete a las instituciones a garantizar el lucro de unos pocos, en lugar de asegurar derechos fundamentales establecidos en la Constitución».
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Reiteraron su rechazo a las AFP, sustituido por un sistema solidario, eficiente, transparente y justo que genere pensiones dignas y obtenga rentabilidad invirtiendo los recursos en actividades que generen empleo y desarrollo al país
De igual forma, derecho de los cotizantes a beneficiarse de los fondos, específicamente con el 30% que es una demanda nacional, ya que los cotizantes son sus legítimos dueños que atraviesan trágicas necesidades mientras las AFP solo aumentan sus ganancias sin aportar a la economía ni a soluciones de las personas.
Asimismo, la ARS ni más plan básico, ya que recorta el derecho a la salud a un catálogo por criterios meramente financieros y su negocio radica en que las personas en vez de sujetos de derecho representan un riesgo de gastar dinero y su meta es maximizar ganancias.
