La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) tiró la primera pública, para dar paso al lobismo en el que expresó preocupación por un plan del BID que se debate en los despachos gubernamentales y que sugiere modificaciones en el sector farmacéutico.
La entidad publicó un comunicado que les dejamos aquí intacto:
Doctora
Altagracia Guzmán Marcelino,
En sus manos.
Distinguida Dra. Guzmán Marcelino:
Después de saludarle muy cordialmente, deseamos agradecerle la invitación al taller en el cual se presentará el Plan Maestro de la Política Farmacéutica Nacional y al mismo tiempo, hacer formalmente de su conocimiento que nuestra presencia en esta actividad bajo ningún concepto debe interpretarse como parte de un consenso, y mucho menos que la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (ARAFP), institución que representamos, está de acuerdo con el contenido de dicho Plan, de hecho, consideramos que este constituye un atentado contra la existencia, permanencia, y supervisión del sector farmacéutico privado.
Sin embargo, el poco tiempo que hemos dispuesto para ponderar el Resumen Ejecutivo del Plan Maestro de Política Farmacéutica, recibido el pasado lunes después del mediodía, nos permitimos hacer unas breves observaciones acerca del mismo.
La ARAPF considera que debido a la importancia que reviste, debe dedicársele mucho más tiempo y capital al fortalecimiento y a la capacitación institucional, y no tan solo el 26%, como indica la figura no. 1 del documento antes citado, ya que de una institución ágil y con recursos humanos debidamente capacitados dependerá un servicio de calidad a los usuarios y la implementación de la vigilancia farmacéutica acorde a las necesidades de nuestro país.
Con el debido fortalecimiento de la DIGEMAPS no vemos la necesidad de crear una Agencia Nacional de Alimentos, Medicamentos y Productos Sanitarios. Por el contrario, representaría una duplicidad de funciones. Sin este fortalecimiento de la DIGEMAPS, en cambio, ninguno de los demás puntos establecidos en el Plan pudiera ser llevado a cabo.
En el documento que nos ocupa, en lo concerniente al fortalecimiento institucional, se menciona un anteproyecto de ley del medicamento, el cual no se nos ha socializado por lo que no podemos referirnos al mismo.
Por otra parte, es práctica común que en la receta electrónica la marca comercial del medicamento y la Denominación común internacional (DCI) del mismo estén “amarradas” una a la otra. De tal manera, no entendemos por cual razón se insiste tanto en la prescripción por DCI en un mercado como el nuestro, en el cual los medicamentos originales de investigación son muy escasos, y por tanto, el mercado está dominado por medicamentos genéricos.
El mercado dominicano está conformado en su mayoría por productos genéricos; el que lleven una marca no los hace ni más caros, ni diferentes, simplemente permite que combinaciones de genéricos que de otra no podrían manejarse no recordarse fácilmente. En ningún caso existe una diferencia notable entre los productos genéricos y los llamados genéricos de marca que amerite la receta exclusiva en DCI.
Una de mostración del alto grado de competitividad que existe en el mercado farmacéutico nacional y de la forma ética y eficiente en que este ha funcionado durante más de cincuenta años, queda expresado en la página11 del Resumen Ejecutivo del Plan Maestro que comentamos, y citamos: “si bien el diagnostico del mercado dominicano no muestra un problema de primer orden en materia de precios de los medicamentos disponibles…”, Pero en vez de reconocer que esta ha sido la norma durante décadas, la mala disposición que sienten los asesores del Banco Internacional de Desarrollo (BDI) hacia el sector privado, los lleva a concluir que “se considera necesario que la autoridad disponga de herramientas para intervenirlos en caso de ser necesario cuando se cumplan criterios objetivos, previsibles y conocidos por los actores del sistema”.
En la página 12 del documento que nos ocupa, podemos leer, “En República Dominicana se manifiesta una percepción generalizada, no necesariamente basada en la evidencia, de baja calidad de los medicamentos disponibles en el mercado”. Esto es totalmente falso. Esta cita podría aplicarse a los medicamentos que se expenden en las Farmacias del Pueblo, pero bajo ninguna circunstancias se puede admitir que esta aseveración se extienda a los medicamentos que se dispensan en el mercado farmacéutico privado, cuya calidad nunca ha sido puesta en tela de juicio por la clase médica dominicana, lo que puede ser comprobado por quien lo desee en cualquier momento.
Los medicamentos ilícitos (contrabandos, falsificados, etc: son una realidad en nuestro país. Los mismos, contribuyen un grave riesgo de salud pública, a pesar de que contamos con el marco legal adecuado para enfrentar este flagelo. Si como aseveran los asesores del BDL, “aun así, no está correctamente dimensionada la magnitud del problema”, nosotros creemos que esta situación obedece a la falta voluntad de las autoridades para enfrentar el problema y como muestra, a la vista de todos, está el caso de Moca, el cual fue ampliamente descrito por la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, en el ultimo Foro de Medicamentos, auspiciado por la DIGEMASP en su Semana Regulatoria.
Dentro de los aportes del mejoramiento de la calidad objetiva y percibida, se contempla el desarrollo y gestión de un marco normativo en contra de la falsificación, adulteración y comercio ilegal de los medicamentos. Sobra decir que los asesores del BDI no parecen enterados de que esa legislación ya existe: es la Ley no. 22-06 sobre Medicamentos Ilegales. La misma fue promovida por nuestra Asociación y en el marco de la misma, hay varias personas condenadas por estas actividades criminales.
Todos sabemos que las compras centralizadas no han funcionado apropiadamente en ningún país del mundo. Sin embargo, los asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BDI), en su abierto propósito de hacer desaparecer el sector farmacéutico privado, no solo recomiendan la ampliación de este sistema de compra, sino que abogan además porque las Aseguradoras de Riesgo de Salud (ARS), “estructuren su propia red de proveedores de medicamentos”, a pesar de que esta actividad está expresamente prohibida por la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Le reiteramos que estas son breves observaciones iniciales, ya que debido a la falta de suficiente tiempo no hemos podido ponderar detenidamente el Resumen Ejecutivo del Plan Maestro de Política Farmacéutica. Estamos en proceso de estudiar el mismo con mayor detenimiento y oportunamente pondremos en su conocimiento nuestras opiniones.
Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéutico
Junta Directiva 2016-2018.
