La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), presenta al país su posición, después de estudiar en detalle la propuesta de ley que establece el “Examen Único de Competencias para el Ejercicio de la Medicina en la República Dominicana”, declarada de urgencia y aprobada en dos sesiones consecutivas, de forma sorpresiva, por la Cámara de Diputados, en la sesión del pasado martes, 27 de octubre.
De ser aprobada de forma definitiva en el Senado de la República y promulgada por el Poder Ejecutivo, dicha Ley crearía importantes distorsiones en el sector Salud, entre las que se encuentran:
1. Eliminaría la pasantía del médico que se encuentra en formación, reduciendo de manera importante la misión social del ejercicio médico y ampliaría el carácter mercantil y curativo del modelo de salud vigente en la República Dominicana;
2. Dejaría sin protección a miles de familias dominicanas que reciben la atención de los médicos pasantes, que cada año se trasladan a las comunidades rurales y urbanas marginadas más pobres del país para ejercer su profesión;
3. La propuesta, de carácter neoliberal, pretende privatizar la formación de los recursos humanos en salud y reducir el carácter autónomo de la UASD, en perjuicio de los sectores más necesitados del país;
4. Deja sin empleo y reduce considerablemente la posibilidad de que una buena parte de los 35 mil estudiantes que hoy cursan la carrera de medicina en las 10 universidades que la imparten, puedan ejercer la medicina en los próximos años;
5. Establece una discriminación entre los profesionales del país, en la medida que le exige a los médicos tomar un examen, después de estudiar siete (7) años en la escuela de medicina, para obtener el exequátur que les permitiría ejercer como médicos en la República Dominicana;
6. Eliminaría el Examen Único de Residencias Médicas y concedería al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), que no tiene funciones académica, ya que es el organismo regulador del sistema de educación superior, el derecho a impartir el examen, en franca violación a la ley 139-01 y en detrimento de la UASD;
7. Crearía una comisión evaluadora del EUC encabezada por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, otorgando a esa institución la preparación y calificación del EUC, en franca violación a la ley 139-01, que establece que esa institución es la reguladora del sistema de educación superior, no una academia;
8. Crearía el Consejo Evaluador del EUC, e integraría, sin ser academia, un representante de la Armada Dominicana, violando la Constitución de la República que específica que las Fuerzas Armadas no son un organismo deliberativo;
9. El proyecto de ley sobre el Examen Único de Competencias para el Ejercicio de la Medicina en la República Dominicana (EUC) carece de un estudio de impacto que permita establecer los alcances y repercusiones de una ley de esa magnitud para las universidades del país, el ejercicio de la medicina y el sistema de salud de la República Dominicana;
10. Esta iniciativa pone en peligro el acceso a los servicios médicos de la población residente en las regiones más pobres del país, el alcance de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), así como la Cobertura Universal de Salud en la República Dominicana, en la medida que reduce la posibilidad de conseguir la meta de 25 médicos por cada 10,000 habitantes, siendo la cobertura actual de 15.4 médicos por cada 10,000 habitantes. En este momento la mayoría de las provincias cuentan con menos de 13 médicos por cada 10,000 habitantes (Ver Indicadores Básicos de Salud, República Dominicana, 2013, MSP, OPS/OMS);
11. A mediano plazo, la ley contribuiría con el aumento de la desigualdad social y encarecería considerablemente los servicios de salud como consecuencia de las restricciones que establecería en materia de formación de los recursos humanos en salud.
II. Atendiendo a lo anterior, la FCS ha considerado lo siguiente:
1. Acercarnos al senado y al presidente de la República para asesorarlos y conversar sobre las terribles consecuencias que esta ley traería al país si deciden aprobarla;
2. Usar los canales a nuestro alcance, como al efecto estamos haciendo, para informar a toda la nación y al sector salud en particular, de los daños que ella provocaría;
3. Empoderar a la comunidad universitaria de un plan de movilización nacional, en el plano académico e institucional, que permita revertir la iniciativa de ley;
4. Recurrir, si fuera necesario, a los tribunales de la República para impedir su ejecución, y
5. Mantener una postura abierta para debatir, desde la academia, sobre este tema y cualquier otro que pueda ser útil al desarrollo del sector salud.
