La Contraloría General de la República (CGR) giró una orden a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de dar marcha atrás a los acuerdos suscritos con los sindicatos y respetar de inmediato la reforma fiscal.
Tras una denuncia planteada la CGR concluyó que los acuerdos de febrero y agosto de 2019 “no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos por lo que la CCSS debe abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad”.
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Señala que tampoco hay cabida para otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad relativo a “Anualidades” e “Incentivos, complementos, sobresueldos y pluses”, contemplados en la implementación de la Ley N° 9635.
Por otra parte, ordenó a la Junta Directiva de la CCSS la aplicación inmediata de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para los trabajadores del sector salud.
La Contraloría notificó el pronunciamiento a los miembros de la Junta encabezada por el presidente ejecutivo de la institución, Román Macaya, quien firmó el último acuerdo con los sindicatos el pasado 12 de agosto como condición para poner fin a la huelga.
“Se ordena la convocatoria a una sesión extraordinaria en un plazo máximo de cinco días, para que conozca el fondo del documento y tome los acuerdos respectivos para el acatamiento inmediato de las órdenes giradas”, se lee en un comunicado.
El ente contralor abrió una investigación sobre los hechos que mediaron en los acuerdos de la CCSS, institución que aseguró que en el transcurso de la tarde se pronunciará sobre este fallo.