Santo Domingo.- En una sorpresiva reunión, el superintendente de salud y el director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social (DIDA) trataron los cobros indebidos de servicios médicos y de salud.
Miguel Ceara Hatton y Elías Báez hablaron de mecanismos para fortalecer la supervisión y sanción de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y Prestadores de Servicios de Salud que incurran en cobros indebidos.
De acuerdo a un comunicado que emitieron, en esos cobros figuran servicios de emergencia, retención de pacientes y cadáveres como medida coercitiva para pagos de facturas, facturación por montos superiores a los establecidos por las ARS, cobros médicos fuera de la cobertura contratada y la imposición de pagos administrativos no regulados.
Estas acciones buscan garantizar el acceso justo y transparente a los servicios de salud, velando porque los afiliados no enfrenten obstáculos arbitrarios o excesos financieros al momento de recibir la atención médica que les corresponde, indica el comunicado.
En el mismo, Báez destacó que esta alianza estratégica marca un paso significativo hacia la protección de los afiliados al sistema.
“Es nuestro compromiso fortalecer la protección social y la defensa de los derechos de los afiliados, asegurando que reciban la atención en salud que les corresponde sin ser afectados económicamente por prácticas irregulares”, expresó.
Ceara Hatton enfatizó que la SISALRIL continuará promoviendo acciones enérgicas para sancionar a quienes incumplan con la normativa.
Además, recordó a los afiliados que tienen el derecho de denunciar cualquier irregularidad ante las instituciones competentes para garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Ambas instituciones asumirán el compromiso de operar de manera ininterrumpida, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, bajo una colaboración estrecha y coordinada.
Este esfuerzo conjunto incluye la implementación de mecanismos eficaces de supervisión y respuesta rápida ante irregularidades, fortaleciendo así la confianza de los ciudadanos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social y asegurando el respeto pleno de sus derechos.
