La Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley mediante el cual se pretendía regular las demandas legales que se incoan contra los profesionales de la salud en el país.
El proyecto, presentado por un grupo de más de 20 diputados, establecía que los médicos, enfermeras, bioanalistas, farmacéuticos, nutricionistas, odontólogos, y demás profesionales del área que estén debidamente certificados, no podrán ser arrestados ni encarcelados en momentos en que se encuentren laborando en un establecimiento de salud habilitados conforme a la Ley, excepto cuando sea en flagrante delito.
También pedía que las clínicas y hospitales sólo fueran responsables civiles cuando se demuestre se han cometido faltas como consecuencia del mal manejo de los instrumentos o inobservancia de las normas de salud.
Los diputados decidieron rechazar la pieza tras escuchar un informe desfavorable de la Comisión Permanente de Justicia que preside el diputado Demóstenes Martínez. Dicha comisión entendió que la propuesta era imprecisa, y que presentaba contradicciones entre varios de sus artículos propuestos.
La pieza buscaba también que en caso de demanda por muertes por negligencia, imprudencia o falta a la ética del personal médico, no se aplicara una indemnización mayor a los mil salarios mínimos.
Esa parte fue atacada por la Comisión Permanente de Justicia por entender que esa materia es potestad exclusiva de los jueces del Justicia, que deciden en función de la gravedad de cada caso.
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