El compromiso quedó sellado con la firma de un acuerdo orientado a implementar mecanismos que viabilicen el fortalecimiento institucional y desarrollo de la carrera administrativa, para modernizar, adecuar y eficientizar los servicios, de acuerdo con las necesidades de los usuarios.
El convenio fue rubricado por el doctor Elisaben Matos, director de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Ramón Ventura Camejo, ministro de Ministerio de Administración Pública (MAP).
Con la firma del acuerdo, el MAP se compromete a orientar en todo lo que respecta la aplicación de la Ley No. 41-08 de Función Pública y sus reglamentos y apoyar en la revisión y actualización de la estructura organizacional y de cargos para el adecuado funcionamiento.
Además ofrecerá asesoría y acompañamiento en la implementación del Marco Común de Evaluación -Common Assesment Framework- (CAF), para facilitar la autoevaluación institucionalmente e identificar puntos fuertes y áreas de mejora.
De igual forma, apoyará en la asesoría, diseño, rediseño y elaboración de propuestas de manuales técnicos en materia de gestión de Recursos Humanos, desarrollo organizacional, gestión de calidad y de otros instrumentos requeridos para el adecuado funcionamiento de la ARL.
Mientras la ARL estará comprometida a participar en los procesos de análisis, consenso y reuniones convocadas por el MAP para la revisión de los trabajos técnicos realizados y facilitar todas las informaciones y documentación que le sea requerida para tales fines.
“Este acuerdo viene a fortalecer ese trabajo que internamente venimos desarrollando, fortaleciendo el trabajo de transparencia con el apoyo del MAP que ha sido significativo a tal extremo, que todos nuestros procesos están debidamente certificados de cara a la calidad”, dijo el director de la ARL.
Refirió que la ARL tiene más de 48 meses obteniendo el 100% en transparencia activa, siendo reconocidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Por su lado, el ministro de Administración Pública manifestó que se debe mantener el fortalecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana para beneficio de los ciudadanos, de manera que cada vez más se pueda reducir la discrecionalidad de las autoridades y enmarcar su accionar dentro de las leyes y normas establecidas.
