Ayer el abogado Víctor de Jesús Correa informó que embargó las cuentas del Ministerio de Salud Pública, de la ministra Altagracia Guzmán Marcelino y de otros dos funcionarios.
Sin embargo, la institución salió al frente y negó la información.
Según el abogado, esa institución está en la obligación de subrogarle la suma de 1 millón 450 mil pesos, correspondientes a sus honorarios tras haber logrado dos sentencias en el 2013 que favorecieron a la empresa Suplidores e Inversiones Vic-Mar, en relación a un caso de despachos de medicamentos.
El Ministerio de Salud dice que carece de fundamento un alegado embargo de un abogado a las cuentas de la institución, de la Ministra de Salud y los directores financiero y jurídico, respectivamente.
Su directora legal, licenciada Gisselle Otero Nieves, dijo que en el Ministerio de Salud no se ha recibido notificación alguna de embargo de sus cuentas, ni de la Ministra, ni de ninguno de sus funcionarios competentes.
Explicó que en 2013 un tribunal emitió una sentencia mandatoria de pago del Ministerio de Salud en favor de una firma suplidora de medicamentos, la cual fue debidamente acatada y ejecutada. “En consecuencia, se realizó el pagó a la empresa”.
