Con el objetivo de dar a conocer las principales garantías que protegen a la mujer embarazada en el ámbito laboral, el Ministerio de Salud y el Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo expusieron el conversatorio “La perspectiva jurídica de la protección de la maternidad a la luz del Convenio número 183 de la OIT”.
La doctora Addis Domínguez, directora de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo indicó que el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OTI) es un mecanismo que promueve la igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo y salud.
“La salud materno-infantil es una prioridad nacional e institucional por lo que creemos oportuno este espacio de intercambio, que trae novedades y la ratificación del Congreso Nacional Convenio 183”, expresó.
La doctora Domínguez dijo que en el sector Salud se debe impulsar la correcta aplicación de estos marcos jurídicos para garantizar los derechos de mujeres y hombres, contribuyendo a una mejor salud y calidad de vida de las mujeres.
Sabrina Mañón investigadora del OJD-Funglode expuso sobre la necesidad del fortalecimiento de las legislaciones que favorecen la protección de la maternidad, ya que múltiples factores laborales pueden colocar a la trabajadora embarazada en una situación de riesgo.
De su lado, el investigador del OJD-Funglode, Ramón Jorge, explicó que la importancia de la protección de la maternidad radica en que la misma goza de rango constitucional, al tenor de las disposiciones del artículo 55 acápite 6 de la Carta Magna dominicana.
Indicó que la salud materna es un compromiso internacional y nacional asumido por la República tanto a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
Desde 1919, la Organización Internacional del Trabajo ha elaborado tres convenios sobre la protección de la maternidad. Se trata del 3 (1919), el 103 (1952) y 183 (2000). El más reciente, el Convenio 183 -del 15 de junio del año 2000- es el primer tratado internacional especializado en la protección de la maternidad que ha sido ratificado por el Estado dominicano.
