La Fiscalía General de la República abrió tres causas contra el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, desde que apareció en Costa Rica el primer caso del nuevo coronavirus.
Información proporcionada por el departamento de comunicaciones del Ministerio Público a AmeliaRueda.com en el marco de una investigación sobre los expedientes seguidos contra miembros de los Supremos Poderes revela que el jerarca es sospechoso de abuso de autoridad y de incumplimiento de deberes.
Hasta la fecha de esta publicación, Salas Peraza no había sido notificado sobre las pesquisas en su contra y, por lo tanto, se abstuvo de externar su posición respecto a las causas ante una solicitud de este medio, remitida a través de la oficina de prensa de la cartera sanitaria.
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El primer expediente que figura el titular de Salud es el 20-000014-0033-PE, que se inició el 6 de marzo de 2020. Ese mismo día, Salas Peraza reveló en una rueda con medios de comunicación el primero de 215.178 contagios del virus del SARS-CoV-2 identificados en el territorio nacional al 26 de marzo de 2021.
Desde entonces, 2.931 ciudadanos murieron por causas asociadas a la enfermedad respiratoria, según el balance más reciente dado por el Ministerio.
En esa investigación al jerarca se le atribuye en la condición de imputado un presunto incumplimiento de deberes.
Dicho delito está contenido en el artículo 339 del Código Penal, que lo define como el momento en el que un funcionario ilegalmente omite, se rehúsa a hacer o retarda un acto propio de sus labores. El mismo es sancionado con entre uno y cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
A la segunda investigación se le asignó el número de referencia 20-000402-0801-PE, por aparente abuso de autoridad.
Ese ilícito está contenido en el ordinal 338 del Código Penal, que lo define como el momento en el que un servidor ordena o comete un acto arbitrario en los derechos de un tercero.
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La causa se abrió el 25 de noviembre de 2020, cuando el Gobierno de la República sufría presiones de distintos sectores por la restricción vehicular diurna que mantenía sobre todo el país, con la cual se impedía el tránsito de vehículos al menos una vez por semana según la terminación de su placa (dejó de aplicar el 8 de febrero de 2021).
El tercer expediente se inició el 7 de diciembre de 2020 y se le otorgó el número 20-000692-0619-PE, también por supuesto incumplimiento de deberes.
Todas las pesquisas se mantienen en la fase de recabación de pruebas, que es de carácter privado para terceros, de acuerdo con el numeral 295 del Código Procesal Penal.
Gobierno bajo la lupa
Daniel Salas Peraza es uno de los 10 ministros con investigaciones abiertas -al 12 de febrero de 2021- en la Fiscalía General. En el Poder Ejecutivo, también registran causas en su contra el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, así como los vicepresidentes Epsy Campbell Barr y Marvin Rodríguez Cordero.
Los otros jerarcas que figuran como sospechosos en causas penales son:
Geannina Dinarte Romero, ministra de la Presidencia.Rodolfo Solano Quirós, ministro de Relaciones Exteriores y Culto.Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica.Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes.Michael Soto Rojas, ministro de Seguridad Pública así como de Gobernación y Policía.Fiorella Salazar Rojas, ministra de Justicia y Paz.Renato Alvarado Rivera, ministro de Agricultura y Ganadería.Sylvie Durán Salvatierra, ministra de Cultura y Juventud.André Garnier Kruse, ministro de Coordinación con el Sector Privado.
El jerarca con mayor cantidad de expedientes en su contra es Méndez Mata, seguido de Salas Peraza, Alvarado Rivera y Durán Salvatierra con tres, mientras que Salazar Rojas acumula dos. Los demás titulares solo tienen una.
La viceministra de Justicia, Viviana Boza Chacón, y el viceministro Administrativo de Educación, Steven González Cortés, también acumulan expedientes abiertos.
Del listado se desprenden pesquisas en curso contra la primera dama Claudia Dobles Camargo, el procurador general Julio Jurado Fernández, además del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Juan Ramón Rivera Rodríguez, y la Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), conformada por Cinthya Hernández Alvarado, Freddy Barahona Alvarado, Ricardo Gamboa Araya, Sergio Laprade Coto, Viviana Valera Araya y Yensi Elena Guerrero Carrillo.
También figuran en expedientes el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera; el ex vicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas; el exministro de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez; y la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya.
En las causas aparecen servidores y exfuncionarios de diferentes instituciones así como empresarios de apellidos Ospina León, Ruiz Araya, López Rivera, Wong Carranza, Jamal Alibhai, Bulgarelli Céspedes, Córdoba Ulate, Solano Laclé, Benavides Chaves, Serrano Beeche, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos, Soto Castro, Salas Hernández, Salazar Muñoz y Fernández Montero.
