Santo 
Domingo.– Con el objetivo de garantizar el acceso a servicios integrales de los privados de libertad, la procuradora, Miriam Germán Brito, rubricó un acuerdo de cooperación interinstitucional para la habilitación de unidades de salud mental en los centros penitenciarios.
Germán Brito firmó el convenio con Ana Simó, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, y Marisol Taveras Ulerio, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. El documento había sido rubricado por Daniel Enrique De Jesús Rivera Reyes, ministro de Salud Pública, y Mario Andrés Lama Olivero, director del Servicio Nacional de Salud (SNS).
Con esta alianza estratégica, el Estado dominicano reafirma su misión de garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en grupos prioritarios, como son las personas privadas de libertad con enfermedades o trastornos mentales.
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El objetivo de esta coalición por la salud mental de las personas privadas de libertad es instalar unidades de intervención en crisis y garantizar las atenciones especializadas que requieren aquellos afectados por enfermedades o trastornos psicológicos.
La acción se inscribe en el marco del mandato de la Ley 113-21, cuyo artículo 85 establece la asistencia médica para cada centro de corrección y reinserción social, los cuales contarán, entre otros profesionales de la salud, con un médico psiquiatra.
En el texto consensuado, el Ministerio Público se compromete a disponer del espacio físico donde funcionarán las Unidades de Salud Mental (USM) en cada centro y a contratar el personal de apoyo requerido para su adecuado funcionamiento.
Las primeras dos se instalarán en los Centros de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, que están bajo la responsabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria.
Solo el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria cuenta con unos 500 privados de libertad con diagnósticos de enfermedades y trastornos mentales y que reciben el tratamiento médico correspondiente.
El Ministerio de Salud Pública, por su lado, se compromete a proporcionar el mobiliario de las USM, así como los insumos hospitalarios necesarios para su puesta en funcionamiento e implementar, a través de su Departamento de Salud Mental, los protocolos y guías de atención para los privados de libertad que recibirán los servicios.
El Servicio de Salud coordinará con el Ministerio Público las evaluaciones para la contratación del personal requerido para el funcionamiento de las USM, entre los cuales deberán
o de Psicólogos llevará a cabo las capacitaciones y formación continua, en coordinación con la Escuela Nacional Penitenciaria, del personal que laborará en las Unidades de Salud Mental y brindará acompañamiento en su puesta en funcionamiento, además de velar por el cumplimiento de los principios éticos que regulan la práctica. incluirse cuatro médicos psiquiatras, tres psicólogos y tres profesionales de enfermería.
El Colegio Dominican
La Sociedad Dominicana de Psiquiatría colaborará con las demás entidades en el reclutamiento, selección y formación de médicos psiquiatras para desempeñar las funciones en las unidades y apoyar al Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública en la elaboración y actualización periódica de los manuales, guías y protocolos de atención a ser utilizados en las referidas unidades.
El acuerdo interinstitucional se sustenta en el artículo 3, literal g, de la Ley de Salud Mental (12-06), que establece que el Ministerio de Salud Pública deberá “articular políticas y actividades de salud mental con las autoridades penitenciarias para proteger a las personas que padecen o han padecido enfermedades mentales y se encuentran en establecimientos carcelarios”.
