El periódico Listín Diario publicó una información con un resumen del impacto que tendrán las modificaciones de la Ley 87-01 sobre seguridad social. Les dejamos el texto:
Uno de los cambios mejor valorado ha sido el fortalecimiento de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).
La nueva ley otorga a la TSS la facultad para el cobro compulsivo y para iniciar acciones penales ante empleadores que no afilien a sus trabajadores y podrá ahora solicitar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el bloqueo de los números de comprobante fiscal de empresas que evadan los pagos a la seguridad social, según explicó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, cuando dio a conocer la información.
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El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, consideró que ese poder coercitivo que se da a la TSS es uno de los aspectos más importantes.
El dirigente sindical también valoró el apoyo económico que a partir de ahora tendrá la DIDA para defender a los afiliados.
La vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias (AIRD), Circe Almánzar, también valoró la autonomía que se otorga a la TSS y de la DIDA.
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Comisiones de las AFP
Uno de los aspectos más cuestionados por el sector sindical desde que se dio a conocer la aprobación de la Ley 13-20 fue el relativo a la reducción de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Sin embargo, la ley fue promulgada pese al rechazo manifestado por los representantes de los trabajadores.
Al respecto, Pepe Abreu manifestó que el asunto de las “ganancias escandalosas” de las AFP no se resuelve con la modificación que se ha hecho, la que calificó como un “parche”.
Cambios
Montalvo explicó que a partir de ahora se eliminará la comisión administrativa de 0.5% que reciben las AFP para pasar un 0.1% a los ingresos de la TSS y el otro 0.4% a la cuenta de los trabajadores.
Además la comisión complementaria cambiará de una comisión de un 30% del rendimiento a un porcentaje de los fondos administrados. Ese porcentaje inicia en un 1.2% en el primer año e irá disminuyendo cada año hasta llegar a un 0.75% en diez años.
Este nuevo mecanismo implicará que en los próximos diez años las AFP dejen de cobrar unos RD$53,000 millones, destacó Montalvo.
La vicepresidente ejecutiva de la AIRD consideró que este nuevo método es mucho más simple, fácil de entender, transparente y podría otorgar mucho más seguridad de cara al porvenir.
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No obstante, el presidente de la CNUS insiste en que este aspecto debe abordarse de nuevo cuando se haga una reforma integral del sistema de seguridad social porque esta fue una reforma parcial y no la que realmente se necesita. Abreu enfatizó que el sector sindical seguirá aferrado al anteproyecto de ley que presentó ante el Congreso y al cual, según dijo, no se le prestó ninguna atención.
El dirigente sindical se quejó de que a pesar de que los representantes de los trabajadores duraron un año participando en el proceso de discusión de la reforma no se les hizo ningún caso.