Santo 
Domingo.- La amenaza de dejar de cubrir servicios en covid-19, lanzada por la Asociación Dominicana de Aseguradoras de Riesgos de Salud (ADARS), tuvo reacción.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y la Coalición por la Seguridad Social Digna fijaron posiciones públicas,
SISALRIL llamó al comedimiento, ante la situación epidemiológica que vive el país debido al comportamiento de los casos de Covid-19.
Informó que el gobierno firmó un acuerdo con las ARS para mantener las coberturas a los afiliados afectados por Covid-19, incluyendo las pruebas PCR, los equipos de protección personal (EPP) y los excedentes de alto costo en UCI, para lo cual dispuso de RD$7,063 millones de pesos.
En este mes de junio, el gobierno colocó en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) RD$ 4,620 millones de pesos para el pago de las pruebas PCR autorizadas a la fecha y para mantener su financiamiento hasta finales de este año.
Asimismo, se han pagado RD$ 3,713 millones de pesos por reclamaciones de pruebas PCR realizadas, unos RD$ 550 millones de pesos están en proceso de validación y auditoría para liquidar a las ARS; encontrándose pendiente por reclamar unos RD$1,560 millones de pesos por concepto de pruebas autorizadas a la fecha pagaderas atendiendo a los reclamos y sustentos que presenten.
También se dispone a realizar un desembolso de RD$ 583 millones de pesos por concepto de una asignación extraordinaria y transitoria para cubrir los EPP y los excedentes de alto costo en el Seguro Familiar de Salud, correspondiente a los meses de abril y mayo 2021, de igual manera, el Ministerio de Hacienda desembolsará, de forma programada, los montos mensuales correspondientes a dicha cobertura, hasta el mes de diciembre 2021.
El doctor Feris Iglesias reitera la buena voluntad y el esfuerzo que realiza el gobierno para proteger a la población a través de los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), por lo que le exhorta a las ARS a continuar garantizando las coberturas definidas en los acuerdos, sobre todo en estos momentos que tanto lo necesita la población dominicana.
Coalición
Inhumana, desprovista de todo sentimiento hacia las personas y un chantaje al gobierno calificó la Coalición por la Seguridad Social Digna las declaraciones dadas por la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) que plantea dejar de cubrir las atenciones de salud ante casos de COVID-19 a menos que se les page.
La Coalición además señala que esta conducta incurre en una amenaza flagrante a la seguridad nacional y a la paz pública, toda vez que afecta la salud de la población y las dos principales ARS del país son de propiedad extranjera.
Ante esto la Coalición llama al Estado a tomar todas las medidas que avala la Constitución para proteger a la población dominicana, y al Congreso Nacional y a la ciudadanía en general a tomar cartas en el asunto ante lo que se delata como un modelo fallido.
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La pandemia del COVID-19 es la situación de salud de mayor gravedad que ha padecido la población en mucho tiempo. Cientos de dominicanos a diario son víctimas de esta enfermedad que ya ha afectado a más de 300 mil personas y cobrado la vida de 3,797.
Ante esta situación, dice la Coalición, es inaudito que las ARS, que durante la pandemia han duplicado sus ganancias con relación al período anterior, superando los tres mil millones de pesos, además de pagarles más de mil millones por concepto de pruebas diagnósticas para detectar la COVID-19, amenacen al gobierno con retirar la cobertura para las atenciones a esta enfermedad.
“Los copagos son medidas ilegales y anticonstitucionales que les ha permitido a las ARS traspasar parte el costo de las atenciones a las personas afiliadas, a pesar de que dicho costo está incluido en el cápita que reciben por cada persona afiliada. Por tanto, se trata de un robo legalizado que, día a día, la seguridad social nos hace para beneficio de las ARS” señala la Coalición.
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La Coalición por la Seguridad Social Digna reafirma su llamado a lograr una reforma amplia del modelo de seguridad social que ha resultado un éxito para las AFP y las ARS, pero un fracaso para el país, a un punto tal que ha llegado a convertirse en un problema que amenaza la estabilidad social y que pudiera provocar un clima de movilizaciones y protestas a nivel nacional.
