En el siguiente artículo la doctora Mariela Carrillo Suárez, gerente de general de Audicasu, aborda la situación de los afiliados frentes a los enfrentamientos de las autoridades:
Cuando se habla de un Sistema de Salud, es mejor recordar la definición de sistema y para ello contar con unos elementos que ejerzan su función de manera coordinada, con el fin de cumplir con un objetivo que se supone común.
En esto del Sistema de Salud victimizarse como sector, no es responsable. Todos los actores del sistema en República Dominicana han tenido sus espacios para exponer sus argumentos y resolver los conflictos. Ahí está el dilema: en la profundidad de dichos argumentos y las bases técnicas que se han usado para darlos.
Leer frases apasionadas con gritos de guerra de aquí y de allá, con afirmaciones sin ninguna base normativa o teórica, hace que entendamos que definitivamente opinión no es necesariamente razón.
Hagamos este ejercicio:
El modelo económico
Un Sistema de Salud debe garantizar a la población protección financiera, en caso de enfermar o para evitar hacerlo.
La cobertura en este contexto no puede ser vista solo desde la afiliación. No es logro suficiente para un Estado responsable tener a su gente con un carnet de salud, pues debe además garantizar acceso y no de cualquier manera: oportuno y efectivo.
Debe además garantizar la disminución al máximo el “gasto de bolsillo”, esquema de financiación propio de sistemas de salud inmaduros que acercan al mismo a la inequidad e implican que alguien finalmente dependerá de sus propios recursos para acceder a salud.
Alejandro Moliné informa, en un artículo en la revista Acento de agosto de 2018, que el gasto de bolsillo en RD en 2007 (inicio del contributivo), era de 46.10%, mientras que en el 2017 -10 años después era de 41.98%.
Solo bajó 4 puntos porcentuales, gracias a que jamás hubo un consenso real de tarifas entre administradores y prestadores y obviamente debido a aquellos que quedaron fuera del sistema como los trabajadores independientes.
También en este equilibrio se contempla el compromiso de todos los actores a usar el servicio cuando sea necesario y lo que sea necesario (esto incluye al usuario).
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La administración del riesgo
No es posible administrar lo que se desconoce. La atención primaria no solo era el eje metodológico de la ley 87-01 sino que además a estas alturas ya nos debería contar una historia sobre las condiciones de salud de los dominicanos, deberíamos conocer los riesgos porque sin ello, administrarlos es tener una venda en los ojos.
Los recursos no son ilimitados, independientemente de quien lo haga, deben ser dirigidos dependiendo de la urgencia, pertinencia y sostenibilidad de los mismos.
La prestación del servicio
La prestación de los servicios de salud en un sistema equitativo y operativamente eficiente, debe estar dirigida a mantener sana la población general, a evitar complicaciones graves en los enfermos ya diagnosticados con patologías no curables y a dar atención a los curables cuyas causas no podamos prevenir.
Para lograr lo anterior, las sociedades científicas deben tomar el mando y definir el cómo se dará el servicio, deben promover en conjunto con el estado la investigación y actualizar a sus miembros evitando así ser cuestionados en sus actos y beneficiando a los pacientes.
El regulador y el CNSS
Un regulador, aunque mediador, debe llevar a las instancias correspondientes los conflictos entre actores para evitar que se vulnere el derecho del afiliado al punto de no poder garantizar acceso y buen servicio.
Las resoluciones deben cumplirse si así fueron dictadas, si se suspenden “temporalmente”, debe finalizarse la discusión para bien o para mal.
Sacar un montón de normas que no se implementan es un desgaste permanente.
Sin que se cumpla lo anterior es muy difícil cumplir la meta anhelada de “Salud para todos”
Un sistema de salud sano nos debe interesar a todos por encima de lo económico y gremial.
La cuerda no puede seguir rompiéndose por el lado más débil siempre (el afiliado), el impacto a corto, mediano y largo plazo de dejar sin servicio a más del 30% de la población afiliada al SDSS, es un alto precio, que no creo que la sociedad dominicana pueda solventar.
Confío en que mis colegas se detendrán a observar cuáles de sus requerimientos dependen directamente de las Administradoras de Riesgos en Salud y lograrán convenios justos, conocerán el sistema y se dedicarán a aportarle y no a frenar cualquier iniciativa sin evaluarla, porque fue lo que juramos cuando nos graduamos; también confío en que las ARS harán finalmente una separación entre los que tercamente no quieren mejorar y aquellos que sí han tenido un avance consciente en cumplimiento de protocolos, que pueden mostrar resultados y avances y así mismo usarán los recursos.
Que su poder de negociación estará dirigido siempre al bienestar de los afiliados.
Ante todo eso, lo que más espero es que exista la valentía suficiente por parte del Estado y la voluntad política para hacer cumplir las leyes en beneficio de los ciudadanos dominicanos, con equidad y seguridad.
Por Mariela Carrillo
Consultora en auditoría médica
