La vi
da humana es inviolable (artículo 21 de la Carta Magna). El acuerdo alcanzado el lunes 12 de agosto con el sector sindical de la CCSS desató una lluvia de críticas de la prensa, actores políticos, sector empresarial y ciudadanos, pero carecen de contexto.
El derecho a la vida, y por lo tanto a la salud, sería solo un texto en la Constitución sino fuera por la Caja, la cual tiene el mandato de materializar ese derecho. En la Caja tenemos clara la obligación constitucional de garantizar la salud de los costarricenses. Los más de 7.000 recursos de amparo que recibió la CCSS en el 2018 nos lo recuerdan diariamente.
Esta huelga mostró un verdadero drama humano que algunos no quieren ver: una señora con un marcapasos expuesto sin atender, un paciente que requería una amputación de pierna sin equipo quirúrgico para hacerla, servicios de emergencias, salas de hospitalización y unidades de quemados sin equipos humanos completos, cierre de bancos de sangre, sesiones de radioterapia y quimioterapia canceladas y dos muertes cuyas circunstancias están bajo investigación, entre otras lamentables secuelas. No podíamos permitir que la huelga se prolongara.
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A la huelga se sumaron en masa los médicos especialistas y enfermeros. Sustituir a los enfermeros en huelga es difícil, y a los especialistas es prácticamente imposible. Sin los especialistas colapsa el sistema. Esta enorme diferencia respecto a la huelga del año pasado generó un impacto más rápido y más profundo.
La última vez que médicos especialistas se sumaron ampliamente a una huelga fue en 1982. El Dr. Guido Miranda, presidente ejecutivo de entonces, tomó una línea dura de “no ceder”. Esa huelga duró 42 días, hasta que los médicos dejaron de atender emergencias en el Hospital San Juan de Dios. Tomada esa decisión, la huelga no duró seis horas más y nació la Ley 6836, con el conocido “enganche” y las anualidades de 5.5% a perpetuidad para el gremio médico. La postura “dura” no funcionó, y salió mucho más cara que haber aceptado una propuesta previa menos onerosa.
Esta huelga comenzó a parecerse a la de 1982. Los médicos afirmaron que podrían no realizar guardias, medida que tendría el mismo efecto de la huelga de 1982, multiplicando el costo humano y económico de concluir la huelga. Esta compleja situación, como la escasez de médicos especialistas y la acumulación de pluses salariales creados para cerrar huelgas pasadas, tiene décadas evolucionando.
Los huelguistas esta vez también sabían con certeza que no se les rebajaría el salario. La ley que define el proceso de declaratoria de ilegalidad es letra muerta. Así quedó en evidencia el año pasado, cuando la Caja presentó la solicitud de declaratoria de ilegalidad el 10 de setiembre, primer día de esa huelga, y la declaratoria de ilegalidad quedó en firme el 3 de diciembre, sin posibilidad de rebajar salarios retroactivamente. El fallo dejó claro que los vacíos legales son tan grandes, que no hay consecuencias salariales por sumarse a huelgas.
Quiero ser enfático que en la Caja siempre nos hemos enfocado en implementar la Ley 9635. Fue la primera institución en iniciar su implementación con la publicación de una circular el 20 de diciembre que redujo del tope de cesantía de 20 a 8 años, y aplicó el impuesto al salario, las disposiciones sobre prohibición y dedicación exclusiva, y otros parámetros de la ley.
Cuando el primer decreto de reglamento de la ley se publicó, el 18 de febrero, nos abocamos a analizar cada disposición para interpretarlas con precisión. Firmamos un documento con los sindicatos con los puntos de coincidencia en interpretación de la ley y su reglamento. Sin embargo, al publicarse un segundo decreto, el 22 de mayo, las condiciones de este decreto resultaron inconsistentes con la interpretación del pago de las anualidades y pluses pre-existentes a la ley, que hicimos basadas en el primer decreto. Esto inició el conflicto.
Estamos avanzando en el cumplimiento de las otras disposiciones de la ley, como lo hace el resto del Estado, una vez ajustados los sistemas de pago y la implementación de procedimientos estipulados en la ley. La reciente publicación de un tercer decreto, el 31 de julio, facilitará dichos ajustes al sistema de pago debido al cambio en la lógica de programación por el cambio en el trato de anualidades viejas.
La salida legal de la huelga fue la judicialización de los puntos críticos. Un juez definirá el alcance de los derechos adquiridos respecto a las anualidades y pluses pre-existentes a la Ley 9635. Esta ruta permitió terminar la huelga sin crear pluses nuevos.
Fue el acuerdo posible, no el perfecto. Si hubiéramos seguido buscando ese acuerdo perfecto, probablemente seguiríamos en huelga, incumpliendo nuestra obligación constitucional de atender a los pacientes y recibiendo críticas más fuertes por no ponerle fin al sufrimiento humano.
Román Macaya Hayes
Presidente Ejecutivo, CCSS
