OISOE anula licitación de compras “grado a grado” y empresas exigen licitación transparente

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Once empresas suplidoras de equipos diagnósticos y reactivos de laboratorios clínicos informaron que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) anuló las licitaciones mediante las cuales había comprado “grado a grado” equipos a una sola empresa.

Explicaron que la Resolución 013-2016, de la OISOE, le fue notificada mediante acto de alguacil al representante legal de esas compañías, licenciado Gilberto Objío Subero.

Saludaron la decisión, pero aseguraron que estarán vigilantes ante la nueva licitación para que sea imparcial, participativa, transparente y guiada a los mejores intereses del Estado y los pacientes.

Pidieron a la institución gubernamental excluir a la compañía Bio-Nuclear de la próxima licitación, debido a que fue favorecida directamente con una compra y no ha sido sancionada.

Citaron la facultad que otorga el artículo 3 ordinal 2 de la Ley 340-06, sobre contrataciones de bienes, obras, servicios y concesiones, y sobre el principio de igualdad y libre competencia en la parte que señala que “en los procedimientos de contrataciones administrativas se respetará la igualdad de participación de todos los posibles oferentes”.

“Estaremos al tanto de los detalles técnicos que compongan esta nueva licitación a los fines de que no sea dirigida a adquirir un equipo médico innecesario, costoso y que luego vaya a ser sub-utilizado, con el único fin de beneficiar a una persona o funcionario”, puntualizaron.

“Las empresas Bio-Medica Mg, Cientec, Cruz-Ayala, Almánzar y Estévez, Diambelab, Diatecsa, Farmacéutica Dalmasí, Lamda Diagnósticos, Sued & Fargesa, Promedca y Argos Farmacéutica valoramos como positiva la medida de anular la licitación irregular que habíamos denunciado a principios de diciembre”, comentaron, en un comunicado enviado a la prensa.

Esas compañías habían denunciado que la OISOE preparó una licitación para entregar “grado a grado” el suministro de equipos diagnósticos y reactivos por valor superior a los 100 millones de pesos.

La Dirección General de Contrataciones Públicas había iniciado una investigación a partir de la denuncia.