La Fundación Progreso, Seguridad Social y Salud instó a las autoridades de la Seguridad Social a no “caer en la trampa populista” de permitir ampliaciones de cobertura a los usuarios que afectan la viabilidad del sistema, poniendo en riesgo las garantías que otorga a la población.
En un análisis sobre la forma de preservar el sistema desde el aspecto económico y financiero, la entidad dice que “sigue siendo preocupante e inaceptable mantener y, en algunos casos promover, cargas con prestaciones que tienen su origen fuera del mismo”.
Como ejemplo de peligro a la sostenibilidad del sistema, cita estudios diagnósticos y exámenes de laboratorios, cuyo origen se verifica fuera de las redes de las ARS y que, por ende, “constituyen una violación al principio de unidad que debe de primar en la Seguridad Social”.
Como muestra de otro riesgo al sistema, pide descartar propuestas de incluir prescripción de medicamentos por médicos fuera de la red, lo que implicaría incrementar el costo, con lo cual las aportaciones en salud de empleadores y trabajadores tendrían que incrementarse a un 14%.
En ese punto se pregunta si trabajadores y empleadores estarían dispuestos a asumir estos costos, tras llamar a detener lo que califica como una práctica “irracional y perniciosa” que en realidad no garantiza el equilibrio financiero, entendido como la correspondencia entre las prestaciones y el flujo financiero que recibe el sistema.
Ante este panorama, la Fundación afirma que el Estado debe tomar cartas en el asunto con medidas tendentes a optimizar el uso de los recursos, acabando con la práctica de prescripciones de marcas, para sustituirla por la prescripción del compuesto que requiere el paciente para maximizar el uso de los fondos reservas a subsidiar las medicinas.
Como otro medio para evitar que el sistema de la Seguridad Social se exponga a un eventual colapso, la entidad pide reflexionar sobre la “necesidad de que el Estado haga una regulación efectiva de este mercado tan sensible para la materialización del derecho a la salud”.
“Reiteramos nuestro llamado a la sociedad de empoderarnos de la gestión de la salud, a través del régimen propuesto por la Ley 87’01 y exigir su cumplimiento, tanto por parte del Estado como de los intereses privados que en él cohabitan”, agrega.
Como forma de comprender esta problemática en un amplio y justo contexto, la entidad señala uno de los principios de la ley 87-01, en cuanto a que “las prestaciones de la Seguridad Social deberán coordinarse para constituir un todo coherente, en correspondencia con el nivel de desarrollo nacional”.
En ese sentido, explica que la lógica técnico-económica sobre la cual el sistema descansa es la existencia de una coordinación de los distintos sectores que en él confluyen para lograr el óptimo desarrollo de los derechos fundamentales que se materializan a través del mismo.
“Esta necesidad de unidad es la que da sentido al mandato, que la ley poner a cargo de las administradoras de riesgos de salud, de contratar las redes de prestadores de servicios, mediante las cuales atenderán los eventos de salud de sus afiliados”, indica la Fundación.
Por último, dice que la ley indica que la forma de generar un esquema coherente y viable es a través de las redes de las ARS y de la clara delimitación del alcance del Seguro de Salud, por lo que pide una comprensión del problema para prevenir medidas que puedan afectarlo.
