La información se desprende del informe de la Organización Panamericana de Salud, el cual asegura que República Dominicana ocupa el cuarto lugar en muertes de mujeres embarazadas de América Latina y el Caribe.
Sostiene el informe que los países que anteceden a la República Dominicana son Bolivia, Haití y Saint Kitts y Nevis.
Agrega que hasta el 16 de julio de este año, se produjeron 94 fallecimientos en embarazadas por problemas que, según la Colectiva Mujer y Salud y Women’s Link World Wide, pudieron evitarse.
En el mismo período, en el 2016 se produjeron 82 casos de mortalidad materna, registrándose un aumento de 12 fallecimientos.
«El Estado tiene la responsabilidad de implementar las leyes que ya existen o desarrollar las que hagan falta, para que no se sigan muriendo las mujeres embarazadas, tanto aquellas que anhelan llevar a término su embarazo, como aquellas que necesitan un aborto para proteger su integridad o su vida», dijo Carmen Martínez, directora legal regional de Women’s Link Worldwide.
El 95 por ciento de mujeres del país van frecuentemente a consultas prenatales y un 99 por ciento de los partos son atendidos en instituciones de salud, de acuerdo al estudio.
De acuerdo a información publicada en diversos medios, “el informe Maternidad Libre y Segura en República Dominicana: una deuda con los derechos de las mujeres muestra cómo la falta de servicios de salud de calidad y oportunos cobró la vida de estas siete mujeres jóvenes, con un promedio de edad de 24 años, y sanas. Seis de ellas dejaron hijos e hijas huérfanas”, afirmó Cinthya Velasco, directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud.
Mientras que la activista Sergia Galván, quien participó en el panel “Maternidad segura, libre y elegida”, dijo que esas muertes son feminicidios del Estado.
En el panel participaron el director de la Dirección General de Materno Infantil y Adolescentes del Ministerio de Salud, Juan Carlos de Jesús; el director general de Salud Familiar, José Mordán; la directora de salud del Ministerio de la Mujer, Nicida Beltré; la dirigente comunitaria Juana Ferrer, de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas; y el doctor Mario Lama, miembro directivo de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia.
