San José.- El aborto terapéutico es legal en Costa Rica desde 1971, pero luego despúes de casi 5 décadas se encuentra en el centro de una polémica sobre su aplicación, en la que mezclan exigencias de defensores de los derechos de las mujeres, la lentitud del Gobierno para dar respuestas y la presión de grupos conservadores con poder en el Congreso.
En Costa Rica, el terapéutico es el único tipo de aborto legal, sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres afirman que existe falta de claridad acerca de los casos en los que se puede aplicar o no.
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El artículo 121 del Código Penal costarricense estipula que: «no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios».
La norma técnica:
El presidente Carlos Alvarado prometió que firmará una norma técnica que precise los casos en los que el médico puede practicar el aborto, así como el proceso a seguir.
Sin embargo, esta afirmación por parte del presidente se hizo a inicios de año, pero hasta la fecha no se ha logrado la firma de esta norma tecnica.
En este sentido, grupos a favor del aborto así como el Instituto de las Mujeres (INAMU) el han exigido al presidente Carlos Alvarado que publique la norma técnica.
El ministro de Salud, Daniel Salas, expresó que la redacción de la norma está avanzada y que podría ser presentada al presidente pronto, sin especificar una fecha.
Por su parte, el Colegio de Médicos ha dicho que aún con la norma, se debe respetar el derecho a la objeción de conciencia, que permite a un profesional negarse a practicar un aborto si ello transgrede sus convicciones éticas, morales o religiosas.
Provida:
En el lado opuesto se encuentran los grupos autodenominados «provida», encabezados por líderes o sectores religiosos, y que también se encuentran representados en el Congreso, en donde los partidos cristianos cuentan con una importante cuota de poder, quienes exigen al Presidente que no firme la norma técnica.
El sector conservador del país teme que si Alvarado firma el documento se abrirán las puertas para que se practiquen abortos más allá de lo que permite la ley.
