San José.- Quienes utilizan vapeadores o cigarrillos electrónicos se verían afectados por la eventual prohibición de usar estos dispositivos en espacios públicos, además de pagar nuevos impuestos, si es que prospera un proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otras instituciones.
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La propuesta es rechazada por la supuesta falta de claridad y el encarecimiento innecesario de la actividad, según la Cámara de Industrias, que pidió a los diputados rechazar por completo la iniciativa.
Y es que esta establece un impuesto de ¢1.000 sobre la importación o fabricación por cada dispositivo de Sistema Electrónico de Administración de Nicotina y cualquier otro sistema similar, aunque sea sin nicotina.
El tributo también se cobraría por cada líquido o envase de vapeo.
“Eso sería como poner un impuesto a las botellas de vidrio para reducir el consumo de algunas bebidas”, dijo Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, en la carta enviada a la Comisión de Asuntos Sociales.
El impuesto que se plantea sería a beneficio de la CCSS y se utilizaría para la compra de medicamentos relacionados con los padecimientos que origina el tabaco.
Pese a que lo recaudado serviría para atender las necesidades de salud del país, la Cámara lo objeta, al considerar que ya esa industria cuenta con impuestos, con tarifas de ¢20 por cigarrillo y cuyos recursos están siendo destinados en un 55% a la Caja.
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“Consideramos que es injusto, desequilibrado e irrazonable la acción de cargar con tributos adicionales a las empresas, siendo que el aparato productivo, y en particular la industria tabacalera, se encuentra altamente gravado en perjuicio de su competitividad”, considera Egloff.
Además, la creación de nuevos impuestos a la industria incentivaría el contrabando y el comercio ilícito.
Otro punto es que la propuesta incluye las mismas limitaciones al tabaco, pero no la excepción de su uso en espacios abiertos, en los que se podría fumar pero no vapear.
Es decir, en las empresas que cuentan con áreas de fumado, quienes vapean no podrán hacer uso de esos espacios, sino que tendrían que salir por completo de su trabajo.
La regulación no debe catalogar al vapeo como el tabaco y debe procurar un equilibrio entre el interés público y la libre elección del consumidor, solicitó la Asociación de Distribuidores, Empresarios y Vapeadores de Costa Rica.
«El consumidor tiene derecho a la elección y no a una carga impositiva sin ningún principio de razonabilidad y proporcionalidad», añadió esa Asociación.
Fuente: La República.
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