La actuación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante el proceso de negociación con la dirigencia sindical, que culminó el lunes con la suscripción de un arreglo entre las partes, tuvo como principal motivación la tutela de la vida y de la salud de la población costarricense.
Así lo expresó en forma categórica, el doctor Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la CCSS, al explicar el por qué la institución se enfocó, en los últimos días, en procurar un acuerdo que permitiera restablecer los servicios que ofrece la institución a lo largo y ancho del país.
El propósito, según el doctor Macaya, fue acabar con el drama de miles de personas a quienes se les canceló sus citas para consultas generales, especializadas, procedimientos e intervenciones quirúrgicas. Se estaba entrando a una situación muy riesgosa que como institución se tenía que evitar, sentenció.
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El presidente de la CCSS dijo que lo negociado con los sindicatos y el Poder Ejecutivo no fue el arreglo perfecto, sino el posible que se puedo suscribir en una coyuntura en la cual la urgencia era restablecer los servicios y llevar paz social a la población costarricense y acabar con el drama de la población no atendida.
La autoridad también fue clara en que la institución no está desoyendo la ley de las Finanzas Públicas o ley 9635, como se ha querido decir, todo lo contrario, desde que publicó el 4 de diciembre en el diario oficial La Gaceta, fue la primera institución en remitir a sus trabajadores una circular, con fecha 20 de diciembre del 2018, informándoles sobre las nuevas reglas que se empezarían a aplicar a partir del nuevo marco jurídico.
Tan respetuosa ha sido la CCSS en aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que quienes consolidaron el derecho de pensión después del 5 de diciembre del año pasado, no se le ha pagado ni se les pagará 20 años, sino que se está procediendo de acuerdo con el nuevo marco jurídico: 8 años.
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Con relación al impuesto al salario también sucedió lo mismo. Desde el mes de julio la CCSS comenzó con los rebajos de los nuevos tractos estipulados en la citada de la ley.
Sobre el concepto de dedicación exclusiva y prohibición la institución también ha tenido el mismo proceder: se está aplicando, según las nuevas disposiciones.
Precisamente la circular remitida a la población trabajadora fue la motivación para el acuerdo que se firmó el 20 de febrero del 2019 basado en el bloque de legalidad vigente en ese momento : la Ley 9635 y su reglamento publicado el 18 de febrero. Ese reglamento planteaba, en el artículo 14 inciso D, que en las anualidades anteriores a la ley se respeta su valor y la forma en que fueron calculadas, es decir mediante porcentajes.
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Sin embargo, de acuerdo con el doctor Macaya, tres meses después, el 22 de mayo del 2019, se publicó un nuevo decretó que planteó que las anualidades y los pluses devengados antes de la ley se reconocerán en forma nominal. Ahí fue donde sobrevino la desavenencia sindical y a partir de ese momento comenzó una cadena de reuniones que culminó con la huelga del 5 al 12 de agosto y el respectivo arreglo del lunes anterior.
La CCSS, de acuerdo con el doctor Macaya, ahora lo que quiere la CCSS es que se aclara el concepto de derechos adquiridos preexistentes antes de la ley, pues para las nuevas anualidades se tiene claro en que el cálculo será nominal. El funcionario reconoció que en este momento, la CCSS está llevado la aplicación de esta ley como lo están haciendo otras instituciones del Estado pues se tiene claro que en Costa Rica se debe respetar el marco jurídico vigente.
También fue categórico en afirmar que el arreglo suscrito con los sindicatos y el Poder Ejecutivo no tiene disparadores del gasto, no significó ningún aumento de salarios, privilegios, ni pluses porque, insistió en la institución nadie está por encima de la ley.
