Luego de una década de recortes presupuestarios, de ajustes y cambios administrativos, y de nuevos ajustes por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), más la situación que vivió Puerto Rico el pasado año con el huracán María, evidenció la realidad de muchos servicios y la calidad de los mismos, como es el caso de los transportes en ambulancia para víctimas de traumas.
El protocolo de cuidado indica que, en una situación de ese tipo, una vez el Sistema de Emergencias 9-1-1 despacha una llamada para que sea atendida por el Cuerpo de Emergencias Médicas, los paramédicos y técnicos de emergencias médicas deben llegar al lugar del accidente en un plazo de 10 minutos.
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Sin embargo en Puerto Rico la situación se ha tornado muy difícil, especialmente tras el Huracán María, ya que según entrevistados las ambulancias llegan a tiempo en cuatro de cada diez casos.
La infraestructura de emergencias médicas de Puerto Rico zozobra y con ella, el personal que tiene a su cargo salvar vidas cuando surge una situación crítica de salud.
De acuerdo con el paramédico Pedro J. Martínez Figueroa, presidente de la Asociación de Técnicos de Emergencias Médicas, Paramédicos y Personal Operacional (Atemppo), la infraestructura de emergencias médicas en Puerto Rico agoniza desde hace décadas sin que ninguna administración de gobierno haya dado atención a un componente clave en cualquier sistema de salud y, sobre todo, sin que se haya reconocido el papel que los profesionales de emergencias médicas tiene en el bienestar de la población.
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“Esto es un problema general”, dijo Martínez Figueroa durante una entrevista con www.elnuevodía.com, donde dijo que no solo el Cuerpo de Emergencias Médicas atraviesa por una crisis, sino que el servicio de emergencias médicas en Puerto Rico descansa en tres sectores: municipal, estatal y privado. Y en los tres, aseguró, hay escollos que cuestan la salud y la vida de la gente.
“Yo lo comparo con un paciente agonizante. Este es un sistema que hace 20 o 30 años funcionaba de una manera distinta. Muchos municipios tenían sus propios servicios de emergencias médicas y ambulancias, pero muchos de esos servicios han sido cerrados por los problemas de presupuesto, provocando que el Gobierno central tenga que cubrir con una ambulancia varios municipios”, explicó Martínez Figueroa.
“Eso incide en el tiempo de respuesta y puede contribuir a la muerte de la persona”, agregó.
Martínez Figueroa habla con conocimiento de causa. Se ha desempeñado como paramédico por espacio de 25 años, y fue miembro de la junta examinadora que regula a este grupo de profesionales. Laboró en el Cuerpo de Emergencias Médicas, luego tuvo su propia compañía de ambulancias, y ahora labora como paramédico en el Municipio de San Juan.
“Solo una ambulancia vacía puede costar entre 80,000 y 90,000 dólares”, indicó el paramédico, quien se vio precisado a cerrar su propia empresa de ambulancias debido a la complejidad de permisos y seguros y la poca paga de las aseguradoras de salud.
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De acuerdo con Martínez Figueroa, el ejemplo más reciente de la crisis fue el caso de un paciente en Culebra, que encontrándose en estado crítico, fue transportado en una camioneta por carecer de un servicio de ambulancia.
“Es inverosímil que en pleno siglo 21, veamos algo como eso”, sostuvo Martínez Figueroa, al agregar que la isla municipio no es el único ayuntamiento en esa situación.
Mucho riesgo y poca paga
“Llevo 20 años trabajando como paramédico. Trabajo aquí, pero todos nosotros tenemos un segundo trabajo porque lo que recibimos no da”, dijo, por su parte, Javier Maldonado, quien labora para el Cuerpo de Emergencias Médicas, ahora denominado Negociado de Emergencias Médicas, tras la creación del Departamento de Seguridad Pública.
Un paramédico en Puerto Rico, cuya preparación académica supone preservar la vida de una persona en estado de gravedad, devenga poco más de $20,000 al año.
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Según Martínez Figueroa y Maldonado, en empresas privadas, la paga puede comenzar en el salario mínimo federal, es decir, en $7.25 por hora. La última vez que Martínez Figueroa y Maldonado vieron un aumento de sueldo en la clase profesional de la que son parte fue hace unos 10 años.
Para Martínez Figueroa, el cuadro de adversidad que se enfrenta es de tal magnitud que muchos de sus colegas han dejado la profesión o se han marchado de Puerto Rico, en especial, ahora que la isla y el estado de Florida han firmado un acuerdo de reciprocidad.
Desde el huracán María hacia acá, tres de estos profesionales han recurrido al suicidio, lamentó Martínez Figueroa, al señalar que esa realidad, ha sido una de las razones para crear Atemppo. El fin de la asociación es organizar a estos profesionales, mejorar su formación y proveerles herramientas para lidiar con el saldo emocional de trabajar en un entorno de emergencias perpetuo. Atemppo también busca abogar por mejores condiciones de trabajo.
Los señalamientos de Martínez Figueroa y Maldonado acerca de la situación que viven los paramédicos y la escasez de ambulancias en la isla, se unen a los señalamientos de otros profesionales revelados por El Nuevo Día sobre la crisis que se experimenta en los distintos componentes del sistema de emergencias médicas de Puerto Rico.
La crisis abarca desde el traslado de un paciente en estado crítico -que puede tardar seis horas- hasta el deterioro y la falta de recursos en el Hospital de Trauma de Puerto Rico, que incluye la escasez de emergenciólogos. A este escenario, se suman hasta 13 horas de espera para que un paciente sea atendido en salas de emergencias médicas públicas y privadas en toda la isla.
Estrangulados por la crisis
Según Maldonado, en el Negociado de Emergencias Médicas se trabaja contracorriente desde hace mucho tiempo. Pero a medida que la crisis fiscal se ha agudizado, lo que propició que los convenios colectivos que les cobijan quedaran en suspenso, la situación ha ido a peor.
En papel, los números evidencian el cuadro enfermizo de ese Negociado. Desde el año 2006, su personal ha menguado en poco más de una tercera parte, de unos 1,161 empleados en ese año fiscal hasta unos 726, según el presupuesto vigente para el año fiscal en curso. En sus mejores años, este Negociado llegó a tener un presupuesto que rondó $35 millones. Este año fiscal, luego de que la JSF cuadró el presupuesto, el Negociado cuenta con una asignación al Fondo General que ronda unos $18.2 millones. Si al entallar el traje presupuestario, la JSF y el gobierno no tocaron las asignaciones especiales al Negociado, lo que se desconoce, el presupuesto total de la agencia debe rondar $26 millones.
En la práctica, relatan Martínez Figueroa y Maldonado, la falta de dinero se traduce en prácticamente escoger entre quién llega a tiempo a un hospital o quién muere.
Según Martínez Figueroa, lo recomendable es que cada estación o base de respuesta cuente con unos 16 profesionales para asistir directamente a la población que lo necesite durante las 24 horas del día. En la práctica, hay ubicaciones con ocho o nueve profesionales, es decir, entre dos y tres paramédicos y técnicos por turno.
En un día “caliente”, en una estación, se reciben entre seis y ocho llamadas de emergencia en un solo turno, según Maldonado.
No solo escasean las manos para salvar vidas. También escasean las ambulancias, en especial, las ambulancias tipo III -que cuentan con equipos para realizar procedimientos invasivos-, así como medicamentos y dispositivos necesarios para auxiliar a una persona que lucha por su vida.
Por ejemplo, en la estación donde trabaja Maldonado, quien conversó con El Nuevo Día fuera de su jornada de trabajo, hay dos ambulancias, pero solo una de ellas cuenta con los equipos que se necesitan. Los ventiladores mecánicos, que no son otra cosa que el suministro constante de oxígeno al paciente, no funcionan y si ese tratamiento fuera necesario, el paramédico tendrá que aplicar ventilación manualmente desde el lugar del incidente hasta el hospital designado. El servicio de ambulancias se complementa con un vehículo de rápida respuesta. En éste, no se puede transportar a un paciente, pero es conducido por un paramédico, quien lleva equipos adicionales que puedan necesitarse.
Menos con más
Maldonado -quien cree que es hora de que los paramédicos y técnicos del Negociado de Emergencias Médicas se integren al Sindicato de Bomberos por las sinergías que existen entre ambas funciones- se canta afortunado, pues señala que la situación en el área metropolitana es, dentro de todo, más alentadora que la que viven sus colegas en el resto de la isla. Más allá de la zona metro, si un municipio tuviera servicio de ambulancias, este opera, por lo general, en horario diario y en días de semana mientras las estaciones del Negociado, cuentan con una ambulancia y el vehículo de respuesta.
Maldonado relató que recientemente el gobierno adquirió algunas unidades nuevas, y que hay acuerdos con empresas privadas de ambulancias para prestar servicios, de ser necesario. Pero ello, no compensa la demanda de servicios. Según el presupuesto del Negociado, en cada uno de los pasados tres años, se han atendido unos 113,628 casos o el equivalente a unos 300 casos por día.
En ese sentido, solo considerando las leyes de la física es poco probable que el grupo de paramédicos y técnicos que integra Martínez Figueroa y Maldonado pueda cumplir con la regla de respuesta de 10 minutos.
El Negociado tiene 11 zonas operacionales. Cada una de estas abarca varios municipios que son atendidos desde distintas estaciones, teniendo dos o tres profesionales por turno y un puñado de ambulancias parcialmente funcionales y vehículos de respuesta rápida. En el caso de Ponce, por ejemplo, la zona comprende 10 pueblos, desde Juana Díaz hasta Guánica, y los municipios de Jayuya y Adjuntas. En conjunto, se trata de una extensión territorial de unas 520 millas cuadradas y 343,000 personas habitantes.
En San Juan, hay dos estaciones -una de estas en Plaza Las Américas- para servir un área territorial que comprende siete municipios desde Trujillo Alto hasta Dorado. La población total de estos municipios, entre los más densos de Puerto Rico, ronda 800,000 personas en una extensión territorial que alcanza unas 195 millas cuadradas. Esa zona geográfica es lo suficientemente grande como para enclavar el equivalente al Coliseo de Puerto Rico 11,600 veces.
“El factor distancia tiene mucho que ver… y las carreteras están bien malas”, explicó Maldonado, al señalar que de cada 10 emergencias, se llega a tiempo según el protocolo en unos cuatro casos. La norma suele ser entre 14 y 30 minutos.
De acuerdo con Maldonado, ha habido emergencias en lugares tan distantes y poco alumbrados, en los que la única alternativa que tienen él y sus colegas es recurrir a los sistemas de geoposicionamiento de sus celulares personales para dar con la víctima.
“El tiempo de respuesta ha aumentado”, coincidió Maldonado, al señalar que mientras han menguado los recursos, se ha ampliado el área de cobertura.
“No es lo mismo un accidente a las siete de la mañana que uno entre las cuatro y cinco de la tarde”, dijo Martínez Figueroa, tras asegurar que si bien la crisis data de años, el huracán María dejó en evidencia que es hora de que Puerto Rico cree un nuevo sistema de emergencias médicas y actualice sus protocolos.
