Santo Domingo.- Leyendo el artículo del sociólogo Juan Miguel Pérez sobre la fragmentación social en la República Dominicana, reflexioné sobre cómo esta desigualdad afecta la salud colectiva.
La reciente tragedia en la discoteca Jet Set nos confronta con preguntas inquietantes más allá de la catástrofe humana y material: ¿Qué tan seguros son nuestros entornos socioculturales para las actividades cotidianas?, ¿Valora el Estado nuestra vida de manera equitativa? Estas interrogantes nos invitan a examinar cómo las desigualdades estructurales impactan en el derecho a la salud, en la protección de todos los ciudadanos y la naturaleza reactiva del sistema sanitario dominicano.
En datos oficiales este 8 de abril de 2025, en la tragedia del Jet Set murieron 225 personas y más de 260 resultaron heridas, muchos de los cuales permanecen hospitalizados con pronóstico reservado y comienzan a aflorar luego del dolor y confusión los miedos entramados en las interrogantes sobre como seguir conviviendo.
Desde la perspectiva de la salud colectiva, este evento no es solo una “tragedia fortuita”. Es la expresión visible de una estructura social y sanitaria que ha priorizado la atención curativa, en detrimento de la prevención, la promoción y la regulación. El desplome del techo no puede desvincularse de una cadena de omisiones institucionales: inspecciones no realizadas, mantenimiento estructural inexistente o insuficiente, y una cultura de improvisación que ha normalizado el riesgo.
Prevención o reparación: el dilema estructural del sistema
El modelo de atención vigente en la República Dominicana, basado en la fragmentación y la segmentación de los servicios, ha promovido un enfoque centrado en la enfermedad y la intervención tardía respaldado por una ausencia del costeo detallado de los servicios de atención.
En países como España, donde el acceso a la salud es universal, estudios indican que el costo promedio por paciente politraumatizado es de aproximadamente 28,945 € (García et al., 2018; Pérez et al., 2019; Rodríguez et al., 2020). Si hacemos la estimación usando estos valores de referencia (guardando las diferencias entre países) con la tasa actual de 1 € = 68.084 DOP (Banco Central RD), el costo promedio en RD por día para un paciente politraumatizado en UCI es aproximadamente 1,971,370.78 pesos dominicanos sin incluir los costos de hospitalización prolongada, insumos quirúrgicos y personal especializado.
Esto es plausible si comparamos los datos con información publicada por Hospital Traumatológico Ney Arias Lora que el 2020 decía que el costo diario de atención por paciente politraumatizado especialmente si requiere cirugía o uso de Cuidados intensivos de cama en Cuidados Intensivos oscila entre los $300 y $700 mil pesos.
En un solo evento como el ocurrido en el Jet Set, el impacto financiero para el sistema de salud público podría superar los RD$200 millones de pesos diarios calculando al menos el 50% de los lesionados que llegaron vivos y que necesitarían atención especializada e inmediatas, al igual que la ocupación de camas críticas, uso de unidades de cuidados intensivos, transporte de emergencias, diagnósticos por imagen y medicamentos. Un costo que pagamos todos ya que recae en los fondos públicos de la Red Hospitalaria que se paga con el presupuesto nacional. Esto sin dejar de mencionar que la pérdida de vida prematura de los fallecidos no tiene como calcularse.
No es posible dejar de mencionar otros costes añadidos como el desgaste emocional y físico del recurso humano en salud, que debió atender en tiempo récord a cientos de pacientes en un contexto de alta presión. Médicos, enfermeras, técnicos en atención prehospitalaria, personal de apoyo y rescatistas que enfrentaron condiciones extremas para este desastre civil.
El costo de no regular
En un sistema con enfoque de salud colectiva, el gasto mayor se debe destinar a acciones de vigilancia, regulación y control sanitario. En cambio, en la República Dominicana, menos del 5% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública se invierte en promoción de la salud y prevención de enfermedades. Este dato contrasta con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere que al menos un 30% de los recursos deberían orientarse hacia acciones preventivas, especialmente en contextos urbanos con alta densidad poblacional y riesgo estructural.
En este caso, las preguntas que surgen son muchas: ¿Qué protocolos de seguridad estructural se aplican a locales con alta concurrencia? ¿Cuál es el rol de las autoridades locales en la inspección de edificaciones y en la actualización de normas? ¿Cuál es la capacidad del sistema para detectar riesgos antes de que se conviertan en tragedias?.
Una salud pública de papel
La tragedia también revela que el modelo de atención no responde a los principios de integralidad ni intersectorialidad. Las estructuras sociales, económicas, educativas y culturales están disociadas de la salud, cuando deberían ser parte de un mismo sistema de protección social. La “salud en todas las políticas” no puede seguir siendo un lema sin aplicación concreta. Es necesario que cada plan de urbanismo, cada reglamento de espectáculos, cada inversión pública tenga una lectura desde el impacto en la salud colectiva.
Marco jurídico: un derecho vulnerado
La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 61, garantiza el derecho a la salud integral y la responsabilidad del Estado de asegurar el acceso universal y de calidad a los servicios de salud. La Ley General de Salud 42-01, en su artículo 4, define la salud como un derecho fundamental y obliga al Estado a garantizar acciones continuas de promoción, prevención, atención y rehabilitación.
Bajo este marco normativo, el colapso de una estructura sin las condiciones adecuadas para operar como espacio de uso colectivo representa una violación directa al derecho a la salud y a la vida. No es solo una tragedia: es la manifestación tangible de un sistema que ha fallado en su función de garante.
Producción social de la salud: lo que la medicina no cura
Desde la perspectiva de la medicina social latinoamericana y los postulados de ALAMES, la salud se produce socialmente. Esto implica que no es solo el acceso a servicios médicos lo que define la salud de un pueblo, sino las condiciones estructurales en que se nace, vive, trabaja y muere.
La tragedia del Jet Set no fue un rayo en cielo despejado. Fue el resultado acumulado de un modelo de desarrollo que ha promovido la privatización de los derechos, la desregulación de los espacios públicos y la omisión de la salud como eje de la planificación nacional.
La coexistencia de una salud para ricos y otra para pobres no solo se observa en la atención clínica, sino en el tipo de infraestructura que se habita, en los mecanismos de protección que existen, y en la capacidad del Estado de prevenir daños evitables. No es un accidente que este evento haya afectado a personas de diversos estratos sociales: es una excepción que revela la regla.
Una oportunidad histórica para repensar
Si hay algo que este evento deja al descubierto es la urgencia de transitar hacia un modelo de salud basado en prevención real, justicia social y participación comunitaria. Un modelo que rompa con la lógica de la enfermedad como negocio y que apueste a la vida como principio organizador.
Esto exige, al menos, tres transformaciones inmediatas:
- Reformar el sistema de regulación sanitaria, dotando al Ministerio de Salud de mecanismos reales de inspección, evaluación y cierre de espacios que no cumplan con criterios de seguridad.
- Revisar el modelo de inversión en salud, destinando mayores recursos a promoción, vigilancia epidemiológica, salud ambiental y formación en gestión de riesgos.
- Fortalecer la articulación intersectorial, para que los temas de salud estén presentes en todos los planes de desarrollo local y nacional.
Conclusión
El derrumbe del Jet Set fue una tragedia que conmocionó al país. Pero, más allá de las víctimas y el dolor, fue una señal clara de que es necesario ver la salud como un bien intangible, un derecho humano que compone ambiente, comunidad y persona. No basta con reparar lo dañado. Hay que prevenir lo evitable. Hay que garantizar el derecho a vivir sin miedo a que el techo se nos venga encima.
Como salubristas, no podemos quedarnos en el lamento. Nos corresponde levantar la voz por una salud colectiva con justicia, equidad y dignidad.
Escrito por: María Magdalena Garcia R
Salubrista y Docente de la Escuela de Salud Pública,
Universidad Autónoma de Santo Domingo
