Nueva York.- –Los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia son vulnerados en República Dominicana, incluido el acceso a abortos según resultados del informe Human Rights Watch.
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El informe recomienda a las autoridades implementar un nuevo plan para una educación integral en sexualidad y despenalizar el aborto para frenar el embarazo adolescente no deseado y bajar la tasa de aborto inseguro.
El informe de 50 páginas, “‘I Felt Like the World Was Falling Down on Me’: Adolescent Girls’ Sexual and Reproductive Health and Rights in the Dominican Republic” (“‘Sentí que el mundo se venía abajo’: Salud y derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en la República Dominicana”), detalla cómo las autoridades han postergado el lanzamiento de un programa de educación en sexualidad largamente esperado, dejando a cientos de miles de niñas y niños adolescentes sin información científica precisa sobre su salud.
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República Dominicana tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La prohibición total del aborto en el país significa que una adolescente que se enfrenta a un embarazo no deseado debe continuar ese embarazo en contra de su voluntad u obtener un aborto clandestino, a menudo poniendo en grave riesgo su salud e incluso su vida.
“Las niñas deben estar preparadas con la información y los servicios de salud para prevenir embarazos no deseados y tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y relaciones”, dijo Margaret Wurth, investigadora sénior sobre Derechos de la Mujer de Human Rights Watch.
Agregó que “al negarles sus derechos sexuales y reproductivos, las autoridades dominicanas no les están brindando a las niñas y mujeres jóvenes todas las oportunidades para continuar su educación y llevar una vida saludable, exitosa y enriquecedora”.
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El informe se basa en entrevistas a 30 niñas y mujeres que quedaron embarazadas antes de cumplir los 18 años, y decenas de otras personas, incluidos estudiantes, jóvenes LGBT, proveedores de atención médica y servicios sociales, y expertos en el campo.
La alta tasa de embarazos de adolescentes en la República Dominicana es una consecuencia de la inadecuada educación en sexualidad del país y la necesidad no cubierta de anticoncepción. Los datos de salud pública muestran que el 20,5 por ciento de las niñas y mujeres jóvenes de 15 a 19 años en la República Dominicana quedan embarazadas en la adolescencia.
La mayoría de estos embarazos no son planeados ni deseados. Las leyes que tipifican como delito los abortos crean un temor generalizado y empujan el aborto a la clandestinidad, obligando a las mujeres y niñas a recurrir a medidas inseguras para poner fin a los embarazos no deseados.
La prohibición del aborto en el país tiene distintos impactos que perjudican a las adolescentes, descubrió Human Rights Watch.
El informe está disponible en https://www.hrw.org/node/331070
Pondera que la actividad sexual a menudo está altamente estigmatizada entre las adolescentes. A una niña que enfrenta un embarazo no deseado le puede resultar más difícil que a una mujer adulta buscar ayuda, lo que podría llevarla a recurrir a métodos de aborto menos seguros.
Expertos de las Naciones Unidas han instado a los gobiernos a proporcionar a los estudiantes una educación sexual integral, desde una edad temprana. Según el derecho internacional de los derechos humanos, así como la legislación nacional en la República Dominicana, los menores tienen derecho a acceder a información sobre salud sexual y reproductiva.
La República Dominicana se encuentra bajo escrutinio internacional por no proporcionar una educación sexual, científicamente precisa y basada en los derechos, en las escuelas.
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En 2015, las autoridades anunciaron planes para incorporar la educación integral en sexualidad en el currículo nacional y desarrollaron materiales para educadores y orientadores, pero la Junta Nacional de Educación no ha aprobado el nuevo enfoque para que pueda implementarse en todo el país.
Una orden departamental de mayo de 2019 por parte del Ministro de Educación que ordena la creación de una política de género para el sistema educativo podría requerir que las autoridades proporcionen una educación integral en sexualidad.
