Santo Domingo.- Como abogado experto en derecho médico con más de una década de experiencia en la materia, me encuentro consternado ante el reciente caso de agresión sexual en Santo Domingo Este, protagonizado por un médico contra una paciente.
Esta situación nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la ética y la responsabilidad en el ámbito médico, así como el papel de la ley en la protección de las víctimas de violencia sexual.
La noticia del médico Silvano Reynoso Sánchez, acusado de sedar y agredir sexualmente a una paciente de origen haitiano, ha generado indignación en la sociedad dominicana.
Como especialista en el campo, considero necesario abordar este problema desde diferentes perspectivas jurídico-técnicas y humanas que la situación requiere.
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Desde el punto de vista legal, es esencial aplicar las leyes que castigan delitos como el cometido por Reynoso Sánchez de manera rigurosa y precisa.
La sociedad dominicana debe demandar que estos delitos no queden impunes y que se brinde protección a las víctimas, garantizando que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos.
En este sentido, es fundamental que el sistema judicial actúe con prontitud y eficacia para asegurar que la justicia prevalezca.
En el caso de comprobarse la teoría del Ministerio Público, de 10 a 20 años de prisión le esperan al médico Silvano Reynoso. Pues
«Art. 331.- Constituye una violación todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa.
La violación será castigada con la pena de diez a quince años de reclusión y multa de cien mil a doscientos mil pesos.
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Sin embargo, la violación será castigada con reclusión de diez a veinte años y multa de cien mil a doscientos mil pesos cuando haya sido cometida en perjuicio de una persona particularmente vulnerable en razón de su estado de gravidez, invalidez o de una discapacidad física o mental.
Será igualmente castigada con la pena de reclusión de diez a veinte años y multa de cien mil a doscientos mil pesos cuando sea cometida contra un niño, niñas o adolescentes, sea con amenaza de un arma, sea por dos o más autores o cómplices, sea por ascendiente legítimo, natural o adoptivo de la víctima, sea por una persona que tiene autoridad sobre ella, o por una persona que ha abusado de la autoridad que le confieren sus funciones, todo ello independientemente de lo previsto en los artículos 121, 126 a 129, 187 a 191 del Código
La perspectiva médica también tiene un rol crucial en este caso. Los profesionales de la salud tienen la responsabilidad ética de cuidar y proteger a sus pacientes.
Es evidente la necesidad de una formación más profunda en aspectos de género y violencia sexual, así como la implementación de protocolos claros en los centros médicos para garantizar la integridad y seguridad de quienes buscan atención médica.
En mi experiencia como abogado en derecho médico he observado que la violencia sexual en el ámbito médico suele ser un tema tabú y pocas veces se aborda de manera adecuada.
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Es fundamental promover la educación y la concienciación sobre este problema entre los profesionales de la salud, así como fomentar un ambiente de respeto y confianza en el que los pacientes se sientan seguros y protegidos.
El análisis de este caso no puede limitarse únicamente a las acciones individuales.
La violencia sexual en el ámbito médico es un reflejo de problemas sociales y culturales más profundos que requieren un enfoque integral en materia de género y derechos humanos. La educación en estos temas es fundamental para generar cambios significativos en la sociedad y prevenir futuras agresiones.
Por otro lado, es importante considerar el impacto emocional y psicológico que la violencia sexual en el ámbito médico tiene en las víctimas.
Es fundamental brindarles apoyo y acompañamiento durante el proceso judicial, así como garantizar que reciban la atención médica y psicológica adecuada para su recuperación.
La creación de redes de apoyo y la colaboración entre diferentes instituciones, como hospitales, centros de atención a víctimas y organismos gubernamentales, puede contribuir a mejorar la atención integral a quienes han sido víctimas de este tipo de violencia.
La relación médico-paciente es un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo. Los médicos tienen el deber de velar por el bienestar de sus pacientes, y cualquier violación a este principio ético no solo afecta a la víctima, sino también a la percepción social de la profesión médica en general.
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Por ello, es necesario que las organizaciones médicas tomen medidas concretas para garantizar que sus miembros respeten y defiendan la integridad y dignidad de sus pacientes.
Además, es imprescindible que los pacientes sean conscientes de sus derechos y de los mecanismos de denuncia y protección existentes en caso de sufrir violencia sexual en el ámbito médico.
La divulgación de información y la promoción de la educación en este aspecto pueden contribuir a empoderar a las víctimas y a facilitar el acceso a la justicia.
En conclusión, el caso de agresión sexual en Santo Domingo Este es un llamado de atención a la responsabilidad ética y legal en el ámbito médico y a la necesidad de abordar la violencia sexual con sabiduría jurídico-técnica y humana.
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La sociedad dominicana debe enfrentar este problema desde diferentes perspectivas, exigiendo justicia para las víctimas, promoviendo una cultura de respeto y protección en el ámbito de la salud, y trabajando en conjunto para erradicar la violencia sexual en todos sus ámbitos.
Como abogado especializado en derecho médico y con años de experiencia en el tema, insto a todos los actores involucrados, desde las autoridades hasta los profesionales de la salud y la sociedad en general, a reflexionar sobre la importancia de la ética, la responsabilidad y la justicia en el ámbito médico. Solo trabajando juntos podremos garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos, en el que se proteja la dignidad y los derechos fundamentales de cada individuo.
Por: Gilberto Objio, abogado experto en derecho médico
