Santo Domingo.- Las demandas del Colegio Médico Dominicano (CMD) nos obligan a recordar que el monto de los recursos disponibles determina el grado de protección social, como un derecho humano universal e incondicional; y que a mayor costo, menor cantidad de servicios médicos, tal y como ocurre en el seno de cualquier familia.
Así lo afirmó la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT), considerando que, “aunque todavía algunos intentan negarlo, la práctica médica está sujeta a las leyes de la economía, enfrentando necesidades de salud con recursos financieros limitados. De este reto es que se ocupa la economía de la salud, una rama especializada de la ciencia económica que aquí todavía se ignora”.
La entidad explica que, para reducir la privatización y el gasto familiar de bolsillo, la economía de la salud identifica cuatro cambios claves: en la asignación de los recursos disponibles; en la modalidad de contratación de los recursos humanos; en la autonomía de gestión de los hospitales públicos; y en la formación de los recursos humanos.
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Recomienda asignar en forma gradual los recursos, con arreglo al logro de las metas de cobertura y satisfacción de la población. “La asignación histórica del presupuesto de Salud Pública no ha contribuido a elevar la calidad y oportunidad de la atención médica en los hospitales y centros públicos de salud. Todo lo contrario, la bloquea”.
Asegura que la asignación fija genera grandes frustraciones a los directores y RRHH. A pesar del esfuerzo por mejorar los servicios, los médicos no reciben una compensación por su desempeño. Y los directores, tampoco reciben los recursos adicionales necesarios para atender una mayor demanda de insumos, medicamentos y mantenimiento. Todavía se ignora el mandato de la Ley que prevé la asignación de acuerdo a la demanda.
La entidad indicó que se deben convertir los hospitales públicos en empresas sociales, con autonomía financiera y control de los RRHH. La ausencia total de autonomía financiera y control de los recursos humanos, constituye la mayor limitante de la gestión y de la capacidad resolutiva de los hospitales y de los demás centros públicos de salud.
La Fundación Seguridad Social Para Todos expresó que demanda estos cambios no sólo porque están contemplados en la Ley 87-01, sino porque son indispensables para elevar la cobertura y calidad de los servicios públicos, y para reducir la privatización de la salud y el gasto familiar de bolsillo.
Por Elvys Minaya
