La Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social (ASODOMUSS) exigió a las autoridades ligadas al sistema, priorizar y fortalecer la atención en salud y otorgamiento de las pensiones a los trabajadores que ya han adquirido ese derecho.
Consideró que tras más de 15 años de promulgada la Ley 87-01, aún no se aplica a cabalidad el Plan Básico de Salud contemplado en el Seguro Familiar de Salud ni se estipula un sistema de pensiones eficiente y bien remunerado para los trabajadores.
Joel Rodríguez, presidente de la entidad, explicó que dicha situación obedece a la resistencia y voracidad del sector privado, en complicidad con los actores y fiscalizadores de la citada legislación.
“El sistema de pensiones con el que contamos no les garantiza una vejez digna a los trabajadores”, enfatizó Rodríguez.
Sostuvo que, como consecuencia del incumplimiento de la ley, los asegurados tienen que pagar hasta un 40% para recibir servicios de salud y compra de medicamentos, y en ocasiones hasta un 100% porque, alegadamente, el sistema no los cubre.
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En ese sentido, emplazó la posición de las ARS privadas sobre su oposición a dejar sin efecto el Reglamento de Apelaciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social.
En tal sentido, la entidad dio a conocer su apoyo a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para que las ARS sean sometidas a respetar la ley y sancionar las prácticas abusivas en perjuicio de los afiliados.
Rodríguez resaltó que el Reglamento de Apelaciones del CNSS no fue aprobado conforme a lo ordenado por la ley 87-01, lo cual establece que todos los reglamentos de esta legislación deben ser promulgados por el Poder Ejecutivo y publicados en un periódico de circulación nacional.
“Exigimos que las instituciones que rigen el sistema procedan a la reglamentación efectiva de las apelaciones y que lo hagan de conformidad con lo estipulado en la ley y apagado a los derechos de los asegurados” enfatizó.
De igual forma, se mostró en desacuerdo con las excesivas ganancias exhibidas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), dirigidas por la banca empresarial, las cuales no tienen un plan de beneficios para los contribuyentes del sistema.
Manifestó que los más de 3.033 millones de pesos en reservas por concepto de ganancias de las AFP son dineros de los trabajadores, situación que debe explicarle al país qué margen de beneficio representan estos recursos para los dominicanos que cotizan al sistema.
Entiende además que las AFP deben explicar a los trabajadores bajo cuál garantía y plusvalía manejan los dineros de sus pensiones durante más de 15 años cotizando para un sistema dirigido por los empresarios.
