La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología entiende que la reciente aprobación de modificación al Código Penal pone en riesgo el ejercicio profesional.
La modificación, aprobada ayer por la Cámara de Diputados, establece la penalización del aborto con pena de dos a tres años incluyendo a la mujer que lo cause, persona que le ayude, médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional involucrado pone en riesgo el ejercicio profesional.
Indica la entida que la medida pone en riesgo el deber de los médicos, ya que bajo condiciones excepcionales cumplan con el deber de tratar a mujeres embarazadas que cursen con condiciones que pongan en riesgo sus vidas y circunstancias en las que el feto sea portador de una condición incompatible con la vida extrauterina, ante la brutal aberración del incesto o la violación.
En un comunicado colegado en sus redes sociales, asegura que la mortalidad materna asociada al aborto que acontece bajo condiciones inseguras en la República Dominicana es de un 8 por ciento y la mayoría de las defunciones ocurren en mujeres jóvenes, incluso adolescentes.
Agrega que el aborto se constituye en un problema esencialmente sanitario, cuya prevención radica en la educación sexual, la disponibilidad de anticonceptivos y las posibilidades de acceder a servicios de aborto seguro bajo circunstancias específicas.
Entiende que el tema se relaciona directamente con los indicadores vinculados a los niveles de desarrollo social de la República Dominicana.
“Hacemos un llamado a que sea reconsiderada la decisión de la Cámara de Diputados, y que el Senado, junto al Poder Ejecutivo reorienten la decisión y sea incluida la legalización del aborto bajo las excepciones especificadas”, dice el comunicado.
La prevención del aborto inseguro, el respeto a los derechos de la mujer y el desarrollo de un marco legal que favorezca las garantías de intervenciones médicas que reviertan la morbilidad asociada al aborto, es un reclamo de la sociedad dominicana, agrega.
Puntualiza que solo cuatro países de la región mantienen leyes que prohíben el aborto en toda circunstancias.
«El Senado y el Poder Ejecutivo, como instancias de representación de la sociedad, son responsables de decidir a favor o en contra de la vida», anota el comunicado.
Otras reacciones
El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, aseguró que la decisión de la cámara baja aumentará la mortalidad materna y los abortos clandestinos.
“La mayoría de los países desarrollados tienen institucionalizado y legalizado el aborto. Nosotros nos referimos al aborto terapéutico en casos especiales (los citados anteriormente)”, dijo.
El presidente de la Cámara Baja, Abel Martínez, defendió la aprobación del Código Penal y negó que haya sido aprobado al vapor, como afirman sectores de la sociedad.
Es un paso notable que ha dado el país. Tenemos un código a la altura de los nuevos tiempos luego de más de quince años de luchas y defensa a la cultura de la protección de la vida”, expresó el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), reverendo Fidel Lorenzo.
