El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jean Luis Rodríguez, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que en las escuelas de la República Dominicana se capacite y promocionen las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas a los estudiantes dos años antes de culminar los estudios del nivel medio.
El legislador entiende que es un deber del Estado dominicano mantener, proteger y elevar el nivel de salud de la población mediante actuaciones públicas o privadas de vigilancia y capacitación en la salud y sus determinantes, de prevención de enfermedades, lesiones o discapacidades.
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Explicó que la reanimación cardiopulmonar (RCP), es un conjunto de maniobras temporales y normalizadas intencionalmente destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene súbitamente, independientemente de la causa de la parada cardiorrespiratoria y han salvado la vida a millones de personas en el mundo.
Argumentó que solo en el país al año mueren aproximadamente mil 500 personas por infarto al miocardio y que la rapidez en reanimar un corazón a la hora de un evento de salud es clave para que el paciente llegue vivo al hospital, los cardiólogos afirman que hay un 80% de posibilidades de vida si se realiza un RCP en el primer minuto.
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Afirmó que los estudiantes se capacitarán por medio de la aplicación de esta ley, en técnicas de sobrevivencias de ataques cardiopulmonares, lográndose de esta forma una extensa red de primeros auxilios en todo el país, que permitirán salvar miles de vidas a la población.
Es por eso que dijo que esta nueva ley seria de gran impacto es social, debido, debido a la importancia de instruir en las técnicas de CRP a los estudiantes más avanzados de la educación media.
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Agregó que en adicción a sus características esto representa un bien de importancia social y un factor básico para el desarrollo de las personas en todos sus aspectos.
Manifestó que la salud preventiva constituye un bien que podrá obtenerse mediante la estructuración de políticas coherentes de Estado en esta materia, que garanticen la participación integrada, informada y responsable de los miembros de la sociedad y sus instituciones.
