El Colegio Médico Dominicano, las sociedades médicas especializadas y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP), rechazaron las declaraciones del presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), José Manuel Vargas, en la cual acusa a los médicos y a las clínicas de ejercer fraudes a las ARS entre un 10 a 15 por ciento.
Aseguran que cada vez que un médico o una clínica llama a una ARS determinada son ellas, las que determinan qué tipo de tratamiento se puede o no dar al paciente. Más aún cuando ellas tienen medios de auditar y revisar los procedimientos e incluso las consultas que hacen los médicos y las clínicas.
“Los médicos y las clínicas vemos como las ARS aumentan cada año sus ganancias sin que estas revisen los tarifarios de honorarios profesionales ni de servicios clínicos, ni apliquen ajustes por inflación. A pesar de haberse aumentado la cápita en más de diez oportunidades», dijeron, en un comunicado entregado este martes en ua rueda de prensa realizada en el CMD.
Afirman que una muestra de esto es que por consultas se pagan 262 pesos y a crédito ya que lo pagan fuera de lo establecido por la ley. “Nunca han aumentado los honorarios de los médicos desde la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social de acuerdo a la inflación certificada por el Banco Central”.
El Colegio Médico Dominicano también rechazó las pretensiones de la ministra de Salud Pública de penalizar y condenar a los médicos a través de una resolución creada para esos fines.
“De ninguna manera aceptaremos ya que viola preceptos legales llegando incluso a asuntos de carácter constitucional y violatorios de acuerdos internacionales firmados por el Estado dominicano”, sostuvo.
Expresó que la resolución contiene 13 dispositivos como marco jurídico citando las leyes de Salud, la 42-01, la de Función Pública, la 247-12, la que crea el ministerio de Administración Pública, la 41-08 y la que rige el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la 87-01 violando en varias partes dichas leyes al otorgarse el ministerio de Salud categoría penal para entre otras cosas plantear la cancelación del exequátur a los médicos o penalizarlos en caso de muertes materna o infantil.
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Advirtió que el Colegio Médico Dominicano empoderó un equipo jurídico para analizar las implicaciones violatorias en que se incurrió al emitirla dicha resolución.
Sostuvo que aparte de ser de carácter administrativo, choca con derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y con acuerdos internacionales de los que son signatarios.
Explicó que Salud Pública lo que debe es preocuparse por suplir de insumos y equipos médicos para poder dar una respuesta de calidad a todos los pacientes que acuden a los hospitales del país.
La rueda de prensa en la que se ofrecieron estas informaciónes estuvo apoyada y contó con representaciones de miembros de unas 43 sociedades médicas especializadas.
