Santo Domingo.- Los sistemas de salud de decenas de países del mundo se han visto comprometidos por el efecto de COVID-19. Su impacto ha superado cualquier previsión de los gobiernos en términos de gasto público dedicado a sus carteras sanitarias.
En el caso de República Dominicana, en materia de distribución de gastos, se estipuló para el sector salud en 2020 un 2.5 por ciento del PIB, lo que contrasta con el 4 por ciento que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
Esta realidad, en un escenario de crisis sanitaria, claramente maximiza los desafíos del sector no solo en cuestión epidemiológica, sino también en otros renglones de acción sanitaria.
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En ese sentido, el contexto socioeconómico en el que nos encontramos va a requerir de un replanteamiento estratégico de los gobiernos en términos de, entre otras cosas, los presupuestos asignados y la eficiencia en el gasto que se haga de dicho presupuesto.
Bajo esta premisa, gana relevancia lo dicho por la asesora económica regional para México, Centroamérica y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Marta Ruiz Arranz, quien asegura que “apenas se supere la coyuntura, los países deben transitar hacia reformas estructurales para mejorar la eficiencia del gasto público y que permitan a las naciones la sostenibilidad fiscal”.
A poco más de un mes de un nuevo período de gobierno en República Dominicana, saber lo que piensan los candidatos presidenciales sobre el tema salud se hace necesario.
Desde una vista general, los planes de gobierno de Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández se enfocan en atención primaria, atención pre y post natal, atención a envejecientes y, también, el tratamiento de enfermedades graves.
Sin embargo, en un escenario post COVID-19, poco hablan sobre eficientizar gasto público en salud, una tarea de vital importancia para alcanzar la sostenibilidad del sistema de cara a pacientes con, por ejemplo, enfermedades crónicas, que son las más costosas.
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En ese sentido, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, indicó que “es vital que los países encuentren maneras innovadoras de garantizar que los servicios esenciales para las enfermedades crónicas continúen, aunque al mismo tiempo estén combatiendo el COVID-19”.
En este último tenor, los biosimilares, medicamentos que hasta la fecha se han enfocado en el tratamiento de enfermedades de alto costo, pueden ser una alternativa hacia la que deban mirar.
Los medicamentos biosimilares, según estimaciones publicadas en la revista española Farmacia Hospitalaria, han supuesto un ahorro de aproximadamente 2,400 millones de euros desde el año 2009 en el mercado de salud europeo.
En cuanto a América Latina, en Argentina han propiciado un ahorro de cien millones dólares al año para su sanidad pública, según expertos.
A propósito de esta oportuna alternativa, Eduardo Cioppi, director regional del laboratorio de biosimilares mAbxience, asegura que “los medicamentos biosimilares ofrecen una gran oportunidad para ayudar a controlar el coste sanitario contribuyendo a la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas sanitarios, permitiendo, al mismo tiempo, que un mayor número de pacientes pueda beneficiarse de los tratamientos, o de una manera más temprana”.
