Santo Domingo.- El presidente de la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSP) favorece un acuerdo nacional que posibilite el inicio de la atención primaria, a fin de evitar los crecientes copagos al que se ven obligadas las familias más pobres y vulnerables.
Arismendi Díaz Santana, basado en un diagnóstico de la situación financiera y actuarial del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), dijo que la atención primaria es posible “porque puede elevar las tarifas y honorarios”.
Citó cuatro puntos concretos para un acuerdo nacional: factibilidad financiera y actuarial, voluntad política y oferta oficial de financiamiento blando.
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Díaz Santana critica gasto familiar en salud
Para el primer punto Díaz Santana explicó que es necesario reducir en un 30% los copagos al 2023 y en un 50% al 2024; para el segundo caso, aumentar gradualmente en un 60% las tarifas y honorarios al 2023 y al 75% al 2024; en cuanto a la voluntad política, sostiene que se logra si se sube a 10,000 las medicinas por principio activo al 2023 y a 12,000 al 2024; y en lo que se refiere al último punto, el experto en seguridad social sostiene que se debe incluir en el Plan Básico de Salud (PBS) los tratamientos mentales y otras urgencias médicas de la población.
El ex también gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) argumenta que, en el caso de los afiliados, en incontenible el gasto de bolsillo y de copagos ilegales, entre el 42% y el 45%; cobro de cuantiosos anticipos antes de ingresar a las clínicas; atención médica pública de baja calidad, insuficiente y discontinua, y demandas para incluir más servicios y medicamentos.
Sobre los Prestadores de Servicios de Salud (PSS), dijo que los honorarios congelados durante más 10 años; tensiones entre las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) y las PSS; retrasos en los pagos a las PSS y a los médicos; dificultad en el análisis de las glosas y reclamos; y trabas para asignar el código a los médicos.
Asimismo, señaló que existe un gasto en salud creciente e innecesario y que en 4 años hay una duplicación del gasto en diagnóstico (de 8,773 en 2017 a 18,820 millones en el 2021).
Además de que más del 35% del gasto médico carece de impacto real en la salud, el 13% de la hospitalización general es evitable y una alta mortalidad, a pesar de contar con una amplia red sanitaria.
“La propuesta requiere un mayor afinamiento financiero y actuarial de parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). Lo más importante es demostrar que la APS permite una reasignación del gasto capaz de: reducir copagos, agregar servicios, elevar tarifas y reducir la mortalidad: una solución ganar-ganar, con el objetivo de reducir las resistencias al diálogo y de aislar a los más recalcitrantes”, agregó Díaz Santana.
