El proyecto que busca brindar seguridad jurídica a las huelgas en el país, que se discute con el expediente 21.049, podría sufrir cambios sustanciales a partir de las negociaciones que se mantienen con distintos grupos sindicales del país.
Así lo reconoció este miércoles el presidente del Congreso, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, principal impulsor de la reforma.
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Según información dada por Diario Extra, el martes en horas de la noche la comisión especial que tramita este proyecto conoció cerca de 17 mociones (la mayoría del frenteamplista José María Villalta, que fueron rechazadas), en cuanto a las aprobadas tenían que ver con aspectos de redacción y precisar plazos, pero según Benavides no hubo cambios sustanciales.
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“Los cambios que podrían resultar significativos son los que eventualmente se vean la próxima semana. Hemos estado conversando con representantes de sindicatos y de la empresa privada y eventualmente habría variaciones que resulten más sustantivas la próxima semana”, agregó el legislador.
Señaló que la mayoría de los sindicatos se han opuesto a esta iniciativa alegando que limitaría la realización de huelgas y que incluso podría llevar al cierre de sus agrupaciones.
Benavides indicó que la esencia del proyecto busca que los juzgados de trabajo no tarden tanto (incluso meses o años) en determinar si un movimiento de huelga es ilegal o no.
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También que se deje por sentado que la llamada huelga política es ilegal (aquella que se hace contra un proyecto de ley, por ejemplo) esto a pesar que los juzgados de trabajo insisten en su legalidad.
Otro elemento es que los trabajadores podrían perder su puesto si no se reincorporan a sus funciones una vez la huelga sea declarada ilegal, además que deberían descontar ya sea el salario por los días no laborados o bien reponerlos en alguna forma, como horas extra por ejemplo.
Por último, se indica que si un miembro de un sindicato apoyado por sus líderes comete un crimen, como por ejemplo sabotear una institución pública, ese sindicato será disuelto.
“En todos los proyectos polémicos se genera presión de muchos grupos, pero las conversaciones que hemos realizado lo que buscan es escuchar posiciones sin que se pierda el fin del proyecto y en esa visión estamos”, agregó el verdiblanco.
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Benavides no quiso revelar cuáles son las solicitudes que han hecho los gremios y dijo que prefiere esperar el resultado de las negociaciones.
“Si hay acuerdos se verán reflejados en lo que se presente la próxima semana”, dijo. Tampoco quiso ahondar si estos gremios han incumplido en la entrega de algunas propuestas.
“La mesa de negociación ha estado marcada por un espíritu de negociación para poder llevar una discusión lo más sana posible y se han puesto las cartas sobre la mesa y la OIT ha colaborado enviando información”, agregó.
Los gremios que están participando son SEC, ANDE, APSE, Undeca y Confederación de Trabajadores Rerum Novarum.
El plazo para el dictamen de este proyecto se vence el próximo lunes 29 de julio.
