Santo Domingo.- La Sociedad Dominicana de Pediatría, aseguró que los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR), en torno a la violencia ejercida en la crianza de los niños, demuestran las limitaciones que tienen muchos de los padres dominicanos.
«En particular en poblaciones como la de niños con discapacidad, donde no llegan los beneficios de estas políticas sociales, pues no se cumple la Ley 5-13 sobre discapacidad en Republica Dominicana que tiene mandatos precisos tanto para MSP como para el MINERD», expresó la doctora Luz Herrera, presidenta de la entidad.
Afirmó que la violencia en menores de cinco años está muy relacionada con la manera de disciplinar de los padres que utilizan la violencia psicológica, el castigo físico como manotazos, nalgadas y chancletazos, como forma de corregir conductas que muchas veces son normales en los niños pequeños y que están estrechamente relacionadas con su desarrollo evolutivo.
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“En nuestro país el castigo corporal hacia los niños es una práctica muy difundida y hasta socialmente aceptada, debido a que muchos padres al desconocer el desarrollo de sus hijos asumen como mala, conducta y acciones normales de los pequeños”, agregó.
Sin embargo, la entidad que agrupa a los pediatras dominicanos, advirtió que estas acciones son muchas veces la respuesta de padres y madres que no están preparados para criar a sus hijos, porque carecen de habilidades parentales y por ende apelan a su memoria durante su etapa de niños duplicando en los suyos los mismos métodos arcaicos.
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De igual modo, agregó que las evidencias científicas demuestran que la violencia ejercida contra los niños pequeños deja sus huellas alterando su arquitectura cerebral, afectándola en forma negativa y limitando las capacidades cognitivas y psicoafectivas.
De igual forma, adujo que está demostrado que la violencia que se sufre en la niñez se expresará en otras formas de violencia durante la vida adulta.
En ese sentido, demandó de políticas públicas dirigidas a la población infantil sean altamente eficaces y efectivas. El Estado tiene la obligación de ofrecer a los padres los recursos que les permitan criar de manera adecuada a sus hijos.
Las políticas sociales deben centrarse en beneficiar a la población infantil, a través de recursos que lleguen a los padres para mejorar efectivamente su calidad de vida.
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Recordó que las políticas sociales no están dirigidas para esta población minoritaria, para apoyar a los niños en situaciones de violencia, ni para mejorar la condición de vida de los padres.
Consideró que es preciso fortalecer el rol de CONANI como ente rector del Sistema de Protección Infantil, para que pueda estar en mejores condiciones de velar por los derechos de los niños.
“En otras palabras, es necesario que el tema de la violencia sea abordado de una manera multidisciplinaria, transministerial, donde todos estemos involucrados trabajando juntos para garantizar un desarrollo pleno y armónico de la niñez», afirmó Hererra.
