Santo Domingo.- Las demandas o litigios judiciales activos contra profesionales de la salud en República Dominicana superan los mil casos.
Así lo explicó el doctor Domingo Peña Nina, expresidente de la Asociación de Médicos Abogados, agregando que estos casos aumentan cada día, a tal punto que en el Colegio Médico Dominicano (CMD) se tiene nota de unas 500 demandas y querellas activas contra médicos.
Sin embargo, sostiene que instituciones alternas cuentan con cifras internas similares, por lo que el total de casos de litigios judiciales activos contra médicos, en este momento suman alrededor de mil.
De acuerdo con el experto en derecho médico, las estadísticas que maneja el CMD indican que solo el 6% de los casos obtienen ganancia de causa.
Ponderó que lo cotidiano es que los pacientes se colocan ante las instancias jurisdiccionales por cualquier resultado adverso en salud, atribuido a la falta de cuidado médico, que bajo las condiciones del derecho penal vigente provoca consecuencias graves para los mismos profesionales sanitarios.
Dijo que el panorama genérico de las notables repercusiones y el grave peligro que las condiciones actuales del conflicto médico legal producen en la salud del pueblo dominicano y en la comunidad médica, plantea una situación devastadora, y es el Poder Legislativo quien tiene la responsabilidad principal en la previsión de condiciones sociales que ponen en entredicho la capacidad del Estado de cumplir con su obligación de mantener la cohesión social.
Recordó que “los profesionales sanitarios entienden la sujeción al sistema de norma, de hecho, se manifiestan en acuerdo, y en incontables ocasiones al igual que todos los gobernados anhelan un régimen legal más enérgico y expedito, con capacidad suficiente para que las garantías individuales del pueblo dominicano permanezcan en un plano de equivalencia jurídica, pero no igual que el destinado procesalmente para los verdaderos actores de delitos merecedores del mayor reproche social».
En cuanto a la falta de reconocimiento, en su artículo publicado en: https://almomento.net, afirmó que la constante no reconocida, consiste en la falta de reconocimiento legal, administrativo y judicial a las particulares características que la salud y la vida tienen, como fenómenos propios del mundo, que invariablemente conducen, quiérase o no, a la enfermedad y la muerte como destino final.
Aseguró que es evidente que de mantenerse el juzgamiento del profesional médico en las condiciones en que se encuentra, las consecuencias serán cada vez más dañinas y difíciles de revertir.
Explicó que los efectos nocivos son a todas luces contraproducentes y ponen en terrible prueba, hasta hoy no superada, al sistema de salud, y como consecuencia obligada al Estado de derecho, que no puede aplicarse armónicamente en gobernados enfermos sujetos al enfoque médico colmado de desconfianza en los sistemas reinantes de impartición de justicia.
Expresó que la evidencia pone de manifiesto es que el médico es despojado de su libertad con el dictado por la autoridad judicial de prisión preventiva como medida cautelar con el objeto de impedir que, habiéndosele imputado la comisión de un supuesto “delito” calificado como grave por la ley, evada la acción de la justicia, mientras se desarrolla el proceso donde se concluirá si, en efecto, la persona detenida es responsable del delito que se le ha imputado.
